El fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, difundido hoy por el Centro de Información Judicial (CIJ), confirma la resolución del Ministerio del Trabajo de la Nación que en 1998 había rechazado el pedido de inscripción gremial formulado por el Sindicato Policial Buenos Aires (SIPOBA).

La decisión fue adoptada por los camaristas María Cristina García Margalejo y Juan Carlos Fernández Madrid, mientras que en forma contraria votó Oscar Zas.

García Margalejo consideró que “un sindicato, para cumplir cabalmente con su función de representar los intereses de los trabajadores, debe tener autonomía de actuación respecto del Estado y de los empleadores, impidiéndose que se someta a otros poderes sociales o que éstos interfieran en su actuación“.

La camarista añadió que ”la fuerza policial no es independiente del Estado sino que lo representa e integra, por cuanto es depositaria del monopolio de la fuerza pública y garante de su seguridad interna”.

Por su parte, Fernández Madrid expresó que “no hay legislación interna que regule la posibilidad de sindicación y de ejercicio de los demás derechos vinculados a ella por parte de fuerzas de seguridad”.

“Además consideró que cuerpos que responden a un orden vertical y están creados para proteger la seguridad del país y de las personas no pueden asimilarse a los dependientes comunes a los que refiere la ley 23.551 (de asociaciones sindicales), por lo que entiendo que la misma no es aplicable”, concluyó.

En disidencia, Zas aseguró: “No advierto razón alguna que obste al otorgamiento de la inscripción gremial solicitada”, por lo que votó a favor de dejar sin efecto lo resuelto por el ministerio de Trabajo de la Nación en resoluciones dictadas en los años 1998 y 2002, y consideró valido el reclamo de sindicalización policial.