Así lo señaló el secretario general de la Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires (APROPOBA), Miguel Ángel Reynoso, tras el acuartelamiento de más de 150 miembros de la Dirección de Infantería de La Plata. La medida responde a un gesto solidario con los efectivos sancionados por los incidentes que se produjeron con militantes de La Cámpora, quienes intentaron ingresar a la fuerza a la Legislatura durante la asunción de Daniel Scioli.
En declaraciones a Cazador de Noticias, el dirigente gremial afirmó: “es realmente triste y lamentable lo que está ocurriendo en la capital provincial, más aún si tenemos en cuenta que es la consecuencia de una medida de tipo dictatorial puesta de manifestó por el Gobernador”.
A continuación, en tanto, repasó: “los uniformados estaban cumpliendo una orden concreta en la Legislatura, que era la de no dejar ingresar más gente que la permitida. En ese marco, estos delincuentes quisieron llevárselos por delante y así se desató la trifulca, donde varios efectivos resultaron heridos”.
“Lo peor de todo – subrayó Reynoso – es que ahora tienen que soportar no sólo las consecuencias de haber cumplido con su deber sino también que el primer mandatario bonaerense los desafecte del servicio cuando, en realidad, esa decisión debió ser precedida por un proceso administrativo especial y la respectiva investigación”.
“De ningún modo se puede permitir que el gobernador, que es administrador de la provincia, se tome atribuciones que no le corresponden”, se quejó.
A colación, consultado por la propagación de la medida a otros sectores de la fuerza, Reynoso respondió: “en todo el territorio bonaerense hay mucho descontento por una situación que viene de arrastre y que incluye problemas con la cantidad de efectivos, los salarios, las condiciones y elementos de trabajo y las jerarquías”.
“Sin embargo – completó Reynoso – son hechos como éstos los que rebalsan el vaso, rozando el maltrato, la discriminación y el desconocimiento de nuestros derechos”.
Y remató: “desde siempre alentamos la posibilidad del diálogo para resolver los problemas que pudieran existir; pero las autoridades provinciales se han negado sistemáticamente y ahora deberán responder por esta medida, que no le hace bien ni a la institución, ni al gobierno ni a la sociedad”.











