La determinación representa la pérdida de los médicos de cabecera, clínicas, sanatorios, hogares, centros de día, escuelas, medicamentos, pañales, transporte, etc. para más de 90 mil afiliados, entre ellos 4 mil personas con discapacidad.

A ello se suma que las instituciones que brindan servicios a sus asociados no reciben el pago correspondiente desde diciembre de 2011, cosa que no sucede con el resto de los beneficiarios de las prestaciones. “Es una clara muestra de discriminación”, expresaron a través de una nota.

En este marco, varias organizaciones comprometidas con la temática enviaron notas a la Presidenta de la Nación, a los Ministerios de Salud y Desarrollo Social, a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad y al Directorio del Sistema Único de Prestaciones para el sector.

Pero, por supuesto, no se olvidaron del interventor del PAMI, a quien le sugirieron que deje sin efecto la resolución y le exigieron un inmediato restablecimiento de la cadena de pagos para evitar un agravamiento del problema.