“Es un tema político. Va a seguir en manos nuestras”. La afirmación, en referencia al histórico edificio de la calle Azopardo, pertenece a Hugo Moyano, quien el miércoles último dio un anticipo de una de las batallas judiciales que se vienen entre los dos sectores de la CGT, dispuestos a ir a fondo en la búsqueda de legitimidad en la disputa por el control de la central sindical.

Más allá de lo político, que la última semana también dio un fuerte gesto con la reunión que mantuvieron antimoyanistas con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hay cuestiones que se dirimirán, irremediablemente, en la Justicia.

El quid de la cuestión es hacerse con el sello y con el manejo de las millonarias cuentas de la CGT, algo que tanto Moyano como sus opositores no están dispuestos a negociar.

Precisamente el dirigente camionero ya dio el primer paso. Su equipo de abogados, encabezado por el “ecléctico” Héctor Recalde, activó una réplica legal contra la impugnación de la elección de la CGT que dictaminó el Ministerio de Trabajo. Lo que buscan demostrar es que algunos de los dirigentes que pidieron la anulación por falta de quórum, avalaron antes con su voto la convocatoria.

Cuando la disputa caiga definitivamente en la Justicia, será la Cámara Laboral la que tenga a su cargo el dictamen final. Allí actuará el fiscal general Eduardo Oscar Álvarez, el mismo que intervino en la fractura de la CTA.

Pero en aquel caso, los dos sectores enfrentados acordaron evitar la intromisión del Ministerio de Trabajo, y recurrieron directamente a la Justicia. Aún esperan una resolución del Procurador General de la Nación.

Desde el antimoyanismo también aceleran su estrategia judicial. La idea es insistir con que el Congreso que reeligió a Moyano fue ilegal. Luego, plantearan irregularidades en la conformación del actual consejo y de la reelección. Y, claro, por último apuntarán al edificio de Azopardo y al manejo de las cuentas.

“De acá no nos mueven ni loco”, fue la afirmación de un moyanista de la primera hora. Y más allá de lo simbólico, el manejo de la histórica sede tiene un indisimulable valor político: es supervisar el patrimonio de la central sindical y de las sedes regionales de todo el país, así como administrar el aporte mensual de cada uno de los sindicatos afiliados, la documentación oficial, el sello y la personería gremial.

Tal como ocurrió hace dos años con la CTA, la CGT también se encamina a una disputa judicial que, seguramente, durará meses. Una pelea que es consecuencia de los intereses políticos de cada sector, y de su relación con el gobierno nacional.

Aunque, claro, poco o nada tiene que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores que, en la mayoría de los casos, miran impávidos el devenir casi tragicómico de la contienda.


Fuente: Infobae