Cuando al gobernador Daniel Scioli se le pregunta sobre la situación financiera de la Provincia de Buenos Aires asegura que está bastante mejor si se la compara con la época en la que accedió al Ejecutivo provincial. Se refiere a las pautas de administración financiera y adjudica buena parte de esas virtudes a la vigencia de una ley que, sobre ese aspecto, impuso su propia gestión.

A fines de 2007, la Administración bonaerense logró la sanción en la Legislatura de la Ley de Administración Financiera, algunos de cuyos objetivos eran “posibilitar que se tornen más transparentes los mecanismos de obtención, aplicación y control del uso de los recursos públicos en función de los objetivos y políticas definidas”.

La ley entró en vigencia al año siguiente pero ahora Scioli le pide a la Legislatura que lo exceptúe de aplicar algunos de los alcances de esa normativa. Y las razones tienen que ver, básicamente, con el grave cuadro financiero por el que atraviesa la Provincia que la obliga a salir a tomar deuda para garantizar gastos de funcionamiento.

Concretamente, el Gobernador está pidiendo a los legisladores, a través del artículo 65 del proyecto de Presupuesto, la suspensión para el ejercicio 2013 de la prohibición establecida en el segundo párrafo del artículo 57 de la ley de Administración Financiera. Y ese párrafo veda a la Provincia la posibilidad de “realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos”.

UNA PROHIBICION INOPORTUNA

Es que, efectivamente, de aplicarse en forma taxativa la Ley de Administración Financiera, el gobierno provincial tendría vedado salir a tomar fondos para, por ejemplo, hacer frente al pago de sueldos o de servicios básicos de y para su funcionamiento. Y esa modalidad es, justamente, a la que recurre la Provincia cada vez que emite Letras de Tesorería. De hecho, en el proyecto de Presupuesto 2013 existe un pedido de autorización para emitir esos títulos por 3.000 millones de pesos. E incorpora también un para de pedidos de autorización para tomar deuda -a través de préstamos o la emisión de bonos- para “atender el déficit financiero y normalizar atrasos (en los pagos) de la Tesorería”.

LA PAUTA SALARIAL

Frente a la presentación del proyecto de Presupuesto la oposición se encolumnó en el reclamo de que el gobierno bonaerense incluya cuál es la pauta salarial para 2013. Traducido: que establezca cuánto piensa gastar en el aumento de sueldos que terminará negociando con estatales y docentes en marzo del próximo año.

Ese blanqueo es reclamado por los legisladores porque pretenden contar con esos datos clave para votar el endeudamiento con el que la gestión Scioli hará frente al incremento de los salarios.

En el gobierno provincial sostienen que reservar una partida con ese fin sería adelantar una discusión con los gremios que prefieren arrancar bien entrado el mes de febrero. Pero además, dicen que prefieren, como es usual, aguardar el desenlace de la paritaria nacional docente que es tomado como testigo para las negociaciones salariales en la Provincia.

Para reforzar esa omisión, el gobierno bonaerense introdujo en el proyecto de Presupuesto 2013 el artículo 70. “Establécese que las normas dispuestas en el Título II de la ley Nº 13.767 (de Administración Financiera) comenzarán a regir a partir del ejercicio fiscal 2014”, reza ese apartado.

Ese apartado de la normativa establece, por caso, que los presupuestos “comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales figurarán por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí”.

La no aplicación de ese artículo, por caso, le da carta libre al Ejecutivo para no incluir la pauta salarial. Que es, en definitiva, lo que terminó haciendo la administración Scioli.

OTROS MOTIVOS DE CRUCES

Lo cierto es que ese punto del proyecto de Presupuesto, referido a suspender la prohibición de endeudarse para afrontar “gastos corrientes” ya comenzó a ser motivo de “observación” de legisladores de la oposición en los primeros análisis del proyecto, presentado, como se sabe, ante la Cámara de Diputados a mediados de la semana pasada.

Con todo, los legisladores opositores admiten que el Ejecutivo “no tendría a mano otra forma de cumplir con algunos gastos esenciales, como los sueldos, si no es tomando financiamiento”, como de hecho, ya ocurrió este año.
Más dispuestos a discutir parecen, en cambio, los legisladores, el art. 24 que, como se informó ayer, posterga para después de sancionado el Presupuesto el detalle de las partidas que se adjudicarán en el 2013 a programas y metas de la gestión, esto es, la “letra fina” del gasto.

Desde el Ejecutivo, sin embargo, rechazan ese planteo. Sostienen que las 36 planillas anexas del proyecto de Presupuesto contienen “la máxima desagregación de información sobre cómo se gastarán los recursos se puede suministrar” y que ese detalle implica “la máxima transparencia” que puede tener un Presupuesto, ya que “le permite a cada legislador saber, al momento de votar, en qué programa se van a invertir los fondos”.

Frente a las críticas, desde la Administración se sostiene también que la habilitación al Ejecutivo para “formular metas y descripciones de programas después de aprobado el Presupuesto, se viene incluyendo en los proyectos desde tiempos inmemoriales”.
Fuente: Diario El Día