Además, afirmó que “resulta increíble e inaceptable que un Vicepresidente de la Nación haga denuncias sin fundamento, no hallándose ninguna prueba al respecto. Más increíble e inaceptable es que este funcionario haya sido y siga siendo considerado ”Vecino destacado“ de nuestra ciudad, distinción que impulsó el oficialismo local en el Concejo Deliberante”.

“Hay miles de personas en nuestra ciudad que merecen de verdad ser considerados ”vecinos destacados“, trabajadores, empresarios, fomentistas, deportistas y artistas, entre otros, que brindan todos los días parte de su tiempo a tareas destacables y que contribuyen a hacer de Mar del Plata una ciudad mejor. Es un agravio que Boudou haya sido considerado ”vecino destacado“ y ellos no”, expresó.

Al mismo tiempo, puntualizó: “El Concejo Deliberante, en algún momento, quizás cuando cambie la actual composición y la mayoría automática oficialista deje de ser tal, deberá hacer justicia y retirar la distinción de ”vecino destacado“ a este personaje que nos avergüenza con sus acciones”.

El juez Lijo sostuvo que en la denuncia que el vicepresidente Amado Boudou hizo en abril pasado contra los abogados del estudio jurídico del exprocurador general de la Nación Esteban Righi hubo “un estado de duda respecto de la forma en que se produjeron los hechos que no pudo ser resuelta con los elementos probatorios recolectados”.

La denuncia había sido presentada en abril pasado, mientras Boudou era acusado de tener intereses en el salvataje de la imprenta ahora llamada Compañía de Valores Sudamericana, que fue expropiada por el Estado mediante una ley votada por el Congreso de la Nación.

El juez sostuvo que “la propia imprecisión del núcleo fáctico que ahora aparece como relevante jurídicamente bien pudo ser entendido por todos los intervinientes como comportamientos permisibles, o, por lo menos, aceptados recíprocamente al momento de su ocurrencia. Es que la indefinición de lo que ocurrió responde exclusivamente a la nueva evaluación que se pretende de hechos que se remontanal año 2009”.

De esta manera, al no haber impulso fiscal, Jorge Di Lello se había pronunciado por el sobreseimiento de los abogados del estudio de Righi y el presidente de la Bolsa de Comercio, Anselmo Gabbi-, la acción judicial quedaba limitada al solo impulso de la querella, pero el juez entendió que no había elementos suficientes para avanzar en la causa.

El 30 de agosto pasado, Di Lello había considerado que ”ninguna conducta delictiva es posible arrogar a los nombrados“, ya que “luego de producida toda la prueba posible, ninguno de los que fueran llamados a declarar, pudo dar cuenta de manera exacta e inequívoca, acerca de cuáles fueron los motivos y/o el objeto de las reuniones mantenidas entre el licenciado Boudou y los letrados de la matrícula”. En coincidencia con ese criterio, Lijo puntualizó que ”se agotó la investigación y no existen otras medidas que permitan reconstruir el hecho en los términos exigidos por la norma para garantizar con ello el derecho de defensa en juicio“.

”Esta implicancia -añadió- unida al principio de culpabilidad y a la garantía de defensa en juicio que incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que ponga fin a la situación de incertidumbre sobre su situación procesal.“

El sobreseimiento alcanza a Ana María García, esposa de Righi; María José Labat, cónyuge del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y Fabián Musso, integrante del estudio del ex procurador. Gabbi también fue sobreseído, al igual que Antonio Tabanelli, expresidente de Boldt.