Consultado acerca del inicio del conflicto, el especialista comentó: “unos accionistas compraron bonos cuando la Argentina estaba en una situación de emergencia en 2001, después no quisieron aceptar la propuesta de canje y ahora quieren cobrar al ciento por ciento”.

Asimismo, Hooft explicó que, “si bien retener la Fragata Libertad no pone en peligro la paz mundial”, un navío público “no puede ser retenido ni embargado ni rematado”. “La inmunidad del buque – especificó – está amparada por la Convención de Jamaica y por normas y derechos de hace varios siglos”.

Más adelante, en relación a una rápida salida a la problemática, el experto respondió: “la solución pasa por la diplomacia o por poner unos 20 millones de dólares en un banco suizo para empezar a dialogar”.

Sin embargo, aclaró: “depositar dinero para rescatarla no implicaría reconocer la legitimidad del reclamo del fondo buitre, pero permitiría negociar y recuperar la embarcación”.

De todos modos, Hooft relativizó la posibilidad de que el Gobierno concrete esa medida, actitud que consideró un error. Luego, estimó que las negociaciones diplomáticas pueden dar sus frutos porque el derecho internacional respalda la situación argentina y descreyó que la intervención de la ONU pueda ser decisiva.

“Sólo podría ser positiva si hubiera un empuje de los poderosos – vaticinó – situación que se reduce por el conflicto que nuestro país mantiene con el Reino Unido por Malvinas”.

Al finalizar, en tanto, consideró que la Corte Internacional de La Haya sería el tribunal competente para presentar el planteo, aunque añadió que no fue aceptado por ninguna de las partes.