A través de un comunicado, la entidad consideró que el Gobierno nacional está claramente preocupado por el alza generalizada de los precios de los alimentos y bebidas, es decir, de los productos de alta sensibilidad para el consumidor.

Según dijeron, “los actores que ejercen posiciones dominantes procuraban hasta hoy neutralizar con aumentos de precios el mayor poder adquisitivo obtenido por determinados sectores sociales, y así mejoraban su rentabilidad, alcanzando ganancias extraordinarias”.

Por eso, aseguraron: “la medida apunta a esa parte del universo que es identificada como responsable de la inflación en el marco de la puja distributiva”.

“La iniciativa – continuaron - implica, por un lado, desactivar las chances de incrementos sin correlato en la suba del costo de los productos vendidos y, a la vez, disciplinar a los proveedores, no reconociendo ni aceptando aumentos a partir de una mayor capacidad de negociación o, directamente, absorbiéndolos gracias a la estructura propia y como apuesta de marketing político”.

Del mismo modo, APYME Mar del Plata expresó: “sin lugar a dudas, la otra pata responsable de las subas está compuesta por los productores de los alimentos y las bebidas, quienes, al tener posiciones oligopólicas, se permiten fijar precios unilateralmente”.

En consecuencia, sus miembros aseveraron: “frente a esta situación, los almacenes, autoservicios y otros formatos pyme, que aspiran a mantener los precios por convicción y como herramienta de competitividad, se encuentran en clara desventaja frente a aquellos que celebraron el acuerdo de congelamiento”.

Y explicaron: “su vulnerabilidad radica en que no tienen capacidad de negociación frente a los aumentos de sus proveedores y que no están en condiciones de absorber incrementos de costos en la mercadería vendida, sobre todo, en virtud de su apretada ecuación de rentabilidad”.

“Así, pierden competitividad frente a las cadenas y, ante eventuales cambios en los precios, están expuestos a las sanciones del público y/o de los organismos estatales”, insistieron.

En ese marco, proponen: generar acuerdos entre el Estado y los productores para evitar aumentos, propiciar la asociatividad entre pymes de un mismo sector a efectos de adquirir mayor volumen de negociación y, también, avanzar en una reforma tributaria de carácter progresivo para generar equidad. “Sería una forma de apropiar impositivamente las utilidades extraordinarias de los formadores de precios”, analizaron.

Por último, en orden al asunto, el vicepresidente de la entidad, Gustavo Casciotti subrayó: “ante el avance progresivo de precios por parte de los productores de alimentos, en un marco de congelamiento, las pymes debemos alzar nuestra voz en reclamo de una urgente reforma impositiva“.