Baragiola indicó: “es necesario crear un área dentro del organigrama municipal para trabajar y diseñar políticas tendientes acompañar a familiares y víctimas de hechos violentos y siniestros viales, desde lo legal, psicológico y social sin perder un minuto más.

Sabemos que la vida es el bien más preciado que posee todo individuo, y debe constituirse en el objeto principal en materia de cuidados por parte del Estado, y por eso desde el Estado Municipal se debe avanzar en la concreción de un protocolo de acción para aunar esfuerzos y tareas, para una mejor prestación y atención, brindando una asistencia psicológico-social a las víctimas, como así también el correspondiente asesoramiento, ante esa situación de vulnerabilidad que deben afrontar, es por eso que desde el dialogo y el consenso, redactamos este proyecto junto a los que atraviesan esta difícil situación.

Se debe trabajar de manera coordinada e interdisciplinariamente, en referencia a delitos complejos o graves tanto desde la parte psicológica, en la contención y acompañamiento para comprender el estado de vulnerabilidad en que la víctima y/o familiares se encuentran y en la cuestión social, acompañando la gestión ante los distintos organismos o Instituciones.

En los campos problemáticos que configuran la violencia son: los homicidios, femicidios violencia familiar, abusos sexuales, trata de personas, la explotación y abusos sexuales infantiles, la violencia institucional los cuales requieren de intervenciones especializadas por parte del Estado, con tres ejes fundamentales, la legal, la social y la psicológica.

Para finalizar Vilma subrayó que el modelo de actuación de la Dirección que se propone, se ejecutará a través de distintas fases. Las fases son las de acogida-orientación, información, intervención y seguimiento. Las fases suponen una orientación general de las víctimas, información jurídica específica del proceso penal, apoyo en las intervenciones necesarias y seguimiento a lo largo del proceso penal y programas de intervención psicológica principalmente para las víctimas de violencia de género, y para aquellas víctimas de otros delitos, incluidos los siniestros viales, que sufran trastornos postraumáticos tras el hecho.