Luego de varios paros realizados por los trabajadores y varias reuniones en el Municipio, se logró un consenso. En el despacho de Carlos Arroyo y sin presencia de periodistas ni integrantes del Sindicato de Camioneros (a diferencia de otras veces), el apoderado de la empresa 9 de Julio, Miguel César Iturrieta, puso el gancho que cerró la disputa por los residuos. Al menos, por 96 meses, según se estableció en el convenio.

Los servicios a prestar se dan de acuerdo al pliego establecido previamente que establecía un canon de $45 millones, sin la contenerización acordada en la gestión anterior. “Se actualizaron servicios de acuerdo al crecimiento de la ciudad”, informaron desde el Municipio.

Por su parte, Eduardo Abud será el responsable de inspeccionar y controlar el cumplimiento del contrato, por ser el titular del ente de Obras y Servicios Urbanos (ENOSUR).