El Concejo Deliberante según la Tecla Mar del Plata evidenció en las últimas horas su desencanto con el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, por la falta de respuestas a diversos pedidos de informes para conocer la situación del convenio por el sistema de fotomultas que la Municipalidad de General Pueyrredon mantiene con la Universidad Tecnológica Nacional – Regional La Plata.

Con anclaje en un actual proyecto de la concejal Vilma Baragiola, pero con recientes antecedentes en otros dos expedientes, el reclamo fue encabezado por el radicalismo y contó con el apoyo unánime de la comisión, incluyendo a los bloques Vamos Juntos, Frente de Todos y Acción Marplatense.

El proyecto de Baragiola pide que Bonifatti de cuenta del actual estado del convenio con la UTN, fundamentalmente sobre la cantidad de fotomultas registradas a partir del 1 de diciembre, momento en que dejó de funcionar la Comisión de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Ejecución de Convenio de Fotomultas, espacio integrado por tres concejales y dos funcionarios del Ejecutivo, y que tiene por rol central el evaluar y aprobar las fotomultas. Es decir, sin su intervención, las mismas no tienen validez.

Precisamente, la requisitoria aprobada por la comisión de Transporte y Tránsito pide saber los “motivos por los cuales se ejecutaron (las infracciones), a pesar de no contar con el análisis y evaluación de la Comisión”, establecido en el Artículo 2 de la Ordenanza 23.484.

Durante el funcionamiento de la comisión, los rechazos a multas por irregularidades fueron moneda corriente, donde se observaban tanto multas donde no se podía corroborar la patente de los vehículos, como excesos de velocidad dentro del rango de tolerancia del 10%.

Ya a mediados de 2019 la comisión puso en suspenso el convenio por la reiteración de irregularidad de parte de la UTN, por ejemplo en el armado de la campaña de difusión para la concientización vial de los ciudadanos. La entidad solamente realizaba encuestas en algunos medios, pero no se han expandido a otras áreas e instituciones sociales, como los colegios, afirmaban desde la Comisión de Seguimiento.

En tanto, en diciembre del año pasado la misma dejó de operar: dos de los representantes del HCD cesaron en sus mandatos –el arroyista Marcelo Carrara y, un punto no menor, el propio Bonifatti-, en tanto que Cristina Coria renunció. Por otro lado, recién en junio de este año fueron designados los representantes del Ejecutivo, mediante un decreto del intendente Montenegro.

“Lo que se está pidiendo es información, no creo que sea algo tan difícil de elaborar”, sostuvo el radicalismo en la sesión de la comisión. Allí, su presidente Agustín Neme también dio cuenta que aún restan respuestas por otros dos expedientes. Uno data de marzo, y fue impulsado por el Frente de Todos, mientras que otro, también de la UCR, se remonta a 2019