Desde el bloque de Unión por la Patria exigen explicaciones urgentes al Ejecutivo municipal por hechos de extrema gravedad ocurridos en Mar del Plata. Sin embargo, el oficialismo se niega a avanzar en el pedido de una investigación administrativa y las sanciones correspondientes, —previa instrucción de sumario—, y archivó el expediente impidiendo conocer los hechos ocurridos y determinar responsabilidades en el accionar del patrulla que responde a Montenegro.

El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un pedido de interpelación dirigido al secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, y a la secretaría de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, tras el fallecimiento de Gustavo Héctor Cabello, un vecino en situación de calle hallado sin vida el pasado 1° de julio en el barrio San Juan.

Aunque la causa de muerte fue natural, vecinos y vecinas denunciaron públicamente situaciones reiteradas de maltrato, hostigamiento e incluso de sustracción de objetos por parte del Cuerpo de Patrulla Municipal hacia personas en situación de calle. Cabello —muy querido en la zona por cuidar autos y barrer veredas— era, según testimonios, víctima frecuente de agresiones. Incluso se informó, en medios de comunicación, que debía esconderse de la patrulla y que le sustraían pertenencias básicas como colchones, frazadas y documentos.

“No era un fisura, era una persona en situación de calle”, declaró una vecina a un medio local. “Seguían robándole lo poco que tenía. Un día tuvimos que llamar al 911 porque la agresividad era tal que también agredieron a los vecinos”. Sin embargo, pese a todas las declaraciones públicas, los concejales de Guillermo Montenegro, ponen en duda la veracidad de las denuncias públicas de los vecinos y vecinas que fueron testigos de actos violentos de la patrulla hacia las personas vulneradas.

Desde el bloque de UP recordaron que ya habían advertido sobre el presunto accionar irregular de la Patrulla Municipal en anteriores proyectos legislativos, que también fueron archivados sin tratamiento en la Comisión de Seguridad Pública. Entre otras cosas, se solicitaba información sobre la capacitación, uso de la fuerza y operativos sin identificación ni articulación con áreas sociales.

Además, de requerir la interpelación de los funcionarios responsables, el nuevo proyecto solicitaba que el Departamento Ejecutivo instruyera un sumario administrativo para investigar el accionar de la Patrulla Municipal y aplicar sanciones si correspondiera. Sin embargo, el oficialismo volvió a utilizar su mayoría automática para archivar el expediente sin permitir su tratamiento, negándose explícitamente a solicitar la iniciación de cualquier tipo de investigación interna.

“La negativa del oficialismo a solicitar que se realice una investigación —y proceder a las sanciones correspondientes previo sumario administrativo a las personas que hayan participado de los hechos denunciados— frente a denuncias públicas tan graves es inaceptable. Se están negando a solicitar la investigación y a esclarecer qué pasó y quiénes son los responsables”, advirtió la edil Valeria Crespo, impulsora de la iniciativa.

Y agregó: “No avanzar en la investigación administrativa después de las denuncias de los vecinos y vecinas respecto del accionar de la Patrulla Municipal, sería avalar la violencia institucional. Algo que desde nuestro bloque no vamos a permitir. El silencio del oficialismo es complicidad”.

Desde Unión por la Patria advierten que la omisión deliberada del Ejecutivo ante este tipo de hechos sólo profundiza la desprotección de los sectores más vulnerables, y remarcan que negarse a investigar internamente es encubrir posibles abusos de una fuerza que actúa en el espacio público sin controles ni transparencia.