El abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un Recurso Extraordinario Federal para que el juicio oral por el hundimiento del submarino se realice en Mar del Plata y no en Río Gallegos, como había sido dispuesto.

Tagliapietra, quien representa a 14 familias de víctimas, calificó como “arbitraria, injusta, ilegal e inconstitucional” la resolución de la Cámara de Casación Penal, que ratificó la competencia del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. Según el letrado, esa decisión implica “una vulneración de las garantías constitucionales y del derecho de acceso a la justicia”.

“No se trata de una cuestión formal. Es un tema de igualdad ante la ley y de respeto al juez natural. Si el juicio se hace en Santa Cruz, a más de 2.000 kilómetros, la mayoría de las víctimas quedarán materialmente impedidas de asistir”, explicó el abogado.

Los argumentos del nuevo planteo

El recurso presentado ante la Corte sostiene que la Sala IV de Casación incurrió en “arbitrariedad manifiesta” al mantener la competencia en Río Gallegos, contrariando el voto disidente del juez Gustavo Carbajo, quien proponía trasladar el caso a Mar del Plata.

Entre los fundamentos principales, el abogado detalló:

Lugar del hecho: la implosión y hundimiento del ARA San Juan ocurrió fuera de la zona económica exclusiva argentina, a más de 200 millas náuticas, por lo que no corresponde a la jurisdicción de Santa Cruz.

Inicio del recorrido: el submarino tenía su base y puerto de partida en Mar del Plata, donde además se emitieron las órdenes de operación.

Competencia errónea: la causa se inició en Caleta Olivia por lo que el querellante considera un caso de forum shopping, es decir, la elección de una jurisdicción más favorable para los imputados.

En tanto, Tagliapietra remarcó que mantener el juicio en Río Gallegos afectaría gravemente el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, ya que la distancia imposibilitaría la participación efectiva de familiares, testigos y abogados.

“Sería un juicio para pocos. La mayoría de los familiares viven en Mar del Plata o Buenos Aires. No pueden trasladarse cientos de veces a Santa Cruz para asistir a audiencias que pueden extenderse por años”, explicó el abogado.

El planteo también invoca la Ley 27.372, de Derechos y Garantías de las Víctimas, que exige que los procesos judiciales garanticen la participación efectiva y sin obstáculos de los damnificados.

“La economía procesal es una falacia”

La Cámara de Casación había defendido la competencia de Santa Cruz en función de la “economía procesal”, al argumentar que la instrucción se tramitó allí. Sin embargo, Tagliapietra calificó esa justificación como “una falacia mayor, casi un insulto”, al recordar que la investigación en Caleta Olivia demoró casi ocho años y aún no está concluida.

Según el abogado, trasladar el expediente a Mar del Plata no generaría demoras, ya que “todo el material está digitalizado”, y permitiría un proceso más ágil y cercano a los familiares y testigos.

Con la presentación ya formalizada, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que defina si el juicio por las responsabilidades en el hundimiento del ARA San Juan se llevará adelante en Río Gallegos o en Mar del Plata.