Avanzó en comisión el expediente que exhorta al Gobierno Nacional al cumplimiento inmediato de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.

En la Comisión de Salud Comunitaria y Desarrollo Humano se aprobó el proyecto presentado por la concejal Valeria Crespo de Unión por la Patria, mediante el cual el Concejo Deliberante de General Pueyrredon expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo al artículo 2 del Decreto 681/2025, que suspende la aplicación efectiva de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad.

Este artículo condiciona la implementación de la norma a la inclusión de partidas específicas en el presupuesto nacional, dilatando medidas urgentes que miles de personas con discapacidad necesitan hoy. Además, cabe destacar que en el artículo 19 de la Ley en cuestión se establece la fuente de financiación.

Crespo señaló que “el Gobierno Nacional está incumpliendo una ley votada por amplia mayoría del Congreso. No hay excusas presupuestarias válidas cuando se trata de garantizar derechos humanos fundamentales”.

El expediente aprobado recuerda que la Ley 27.793 declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta diciembre de 2026, y establece medidas concretas para la atención integral, el financiamiento de pensiones no contributivas, la actualización de aranceles y la compensación económica de los y las prestadoras del sistema.

Desde el Concejo Deliberante, Crespo destacó que la suspensión dispuesta por el Poder Ejecutivo constituye un retroceso en materia de derechos y una violación al proceso constitucional de formación de las leyes, e insistió en que su aplicación debe ser inmediata. “Esta ley no puede quedar en el papel. Es urgente que se cumpla para garantizar la atención, la inclusión y la dignidad de miles de personas”, concluyó la concejal.

El expediente ahora deberá continuar su tratamiento en la Comisión de Legislación, antes de llegar al recinto del Concejo Deliberante para su votación en sesión ordinaria. De ser aprobado, el cuerpo deliberativo formalizará su exhortación al Gobierno Nacional para que garantice la plena vigencia y aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.