En las últimas horas, la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires intimó formalmente al municipio de General Pueyrredon tras comprobar que la gestión liderada por Guillermo Montenegro autorizó la construcción de una dársena en la Ruta 11 situada en la Unidad Turística Fiscal Arroyo Lobería, sin contar con el aval técnico correspondiente.

La génesis de la controversia se remonta a agosto de 2024, cuando la Asamblea Luna Roja presentó una denuncia ante la Dirección de Vialidad bonaerense que alertó que el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTUR) había autorizado a la firma RIVAN S.A. la realización de la dársena mediante una resolución para una superficie de cerca de 5.443 m². El punto en disputa es que la obra invade la franja libre de caminos de 20 metros adyacente a la Ruta Provincial 11, con violaciones a los artículos 4° y 5° de la Ley 6.312/60, que prohíben edificaciones definitivas en esa franja vial.

Para los denunciantes, la obra implica no solo un acto administrativo irregular sino un riesgo cierto para la seguridad vial en un sector de la Ruta 11 muy transitado. Además, desde la Asamblea Luna Roja señalan que el tramo en cuestión presenta curvas y desniveles, lo que demanda precauciones técnicas rigurosas para evitar maniobras peligrosas de ingreso y salida de vehículos, y afirman que autorizar la dársena sin intervención vial podría afectar la integridad de quienes transitan la ruta.

Al analizar la denuncia, la Dirección de Vialidad provincial elaboró un informe conjunto con su Departamento Conservación, que constató que no existían antecedentes de autorización para esa obra ni se había respondido a pedidos de prefactibilidad. Ante esa confirmación, el municipio de Mar del Plata fue notificado oficialmente y se le recordó que antes de aprobar emprendimientos sobre predios frentistas a rutas provinciales debe presentar el plano visado y aprobado por Vialidad.

Es preciso mencionar que, la exigencia está respaldada por la Ley de Autarquía 7.943/72 y la Ley 6.312/60, que facultan al organismo provincial a controlar obras en franjas adyacentes a rutas. En tanto, la intimación fue cursada por la División Técnica del Departamento Zonal X de Mar del Plata, y la comunicación deja expresa constancia de la irregularidad del permiso municipal.

Por caso, la Asamblea Luna Roja solicitó que Vialidad informe al Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) sobre la omisión normativa, ya que dicho organismo tiene actualmente a su cargo la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto UTF Arroyo Lobería. De esta forma, los denunciantes buscan que las consecuencias derivadas del permiso indebido se expongan públicamente, y que se ordenen medidas correctivas rápidas.

Es preciso mencionar que, la medida tomada por Vialidad provincial evidencia un conflicto de competencias entre municipio y jurisdicción vial, que suele aparecer en proyectos costeros con rutas troncales. Es que, el municipio de General Pueyrredón, que incluye Mar del Plata, habría autorizado sin coordinar con el ente vial provincial, lo que puede generar perjuicios técnicos y legales al Estado provincial y a terceros. En términos prácticos, la intimación obliga al municipio a revisar sus autorizaciones, suspender la obra o presentar el proyecto ante el organismo competente para su evaluación técnica.

Para los vecinos y actores sociales involucrados, la acción de Vialidad abre una esperanza de corrección del permiso otorgado irregularmente, ya que si el municipio acata la intimación podrá reordenar el proyecto dentro de los marcos técnicos exigidos, evitar sanciones futuras o nulidades, y garantizar que las intervenciones costeras no comprometan la seguridad vial ni el dominio público provincial. En última instancia, el escenario podría derivar en la modificación o remoción de la dársena proyectada.

Cabe señalar que, la intimación marca un paso institucional claro de la Provincia para garantizar el control técnico de las obras que afectan rutas provinciales y para reafirmar la jerarquía normativa de las leyes viales sobre autorizaciones locales. Si el municipio no responde favorablemente, podría enfrentar acciones legales y la suspensión del permiso otorgado, así como requerimientos de ajuste técnico que deberán respetarse para que la obra avance con legitimidad.