La Universidad de Buenos Aires iniciará acciones judiciales a fin de que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la efectiva ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del salario. Además, que asigne de forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales y legales vigentes.

Si bien el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley, suspendió su aplicación, hasta tanto el Poder Legislativo determine las fuentes de financiamiento para la aplicación de la misma. En este marco, el Consejo Superior de la UBA consideró tomar medidas al respecto “a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”.

Según la resolución de la UBA, “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación. Asimismo, implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.

El sistema universitario, y la UBA en particular, enfrenta una crisis presupuestaria sin precedentes. Las prórrogas del Presupuesto 2023 quedaron rápidamente desfasadas frente a la inflación, y durante el 2024 los salarios de los trabajadores docentes y no-docentes de la Universidad sufrieron una pérdida de su poder adquisitivo de más del 40%. A lo largo de todo el año 2025, la recomposición salarial ha sido mucho menor que la inflación oficial medida por el INDEC, profundizando aún más dicha pérdida.

En este marco, la Ley aprobada por el Congreso, insistida por ambas cámaras, tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes, por lo que “su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”, según se expresa en los considerandos de la resolución. Además, la Ley prevé la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas.

Ante esta situación, el Consejo Superior, advirtió: “La no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.