Un abogado vinculado a Rappi redacta la reforma laboral y el gobierno no introducirá mejoras para los trabajadores de plataformas, que seguirán siendo independientes. Al no blanquear la relación de dependencia, no existe derecho a reclamos sindicales.

Julián de Diego es un abogado especializado en asesoramiento laboral empresario. Entre las compañías que asesora está Rappi, representada formalmente por el Estudio Cárrega. Al igual que todas las plataformas, Rappi no reconoce a sus repartidores como empleados.

Se trata de una discusión compleja: en ninguna parte del mundo logran resolver cuál es el tipo de vínculo que existe entre los trabajadores de aplicaciones como Uber o Rappi y las empresas.

En el estado de Rajastán, en India, Uber paga una tasa que va a un fondo que luego se vuelca a la seguridad social. Eso permite que los trabajadores de plataformas gocen de algunos de los derechos que tienen los trabajadores formales. Esa idea circuló en la campaña presidencial de Horacio Larreta.

En la Argentina se considera a los trabajadores de aplicaciones como independientes. Eso les permite no cumplir con horarios fijos, pero les impide conformar sindicatos para reclamar mejores condiciones laborales.

La cuestión comenzó generar interés para la CGT, pero al ser tema mundial, incluso la OIT trabaja en un convenio que debería aplicarse en los estados miembros. Ya se aprobó una primera parte y la segunda estaría lista el año próximo. En el gobierno le restan importancia, pero la reforma podría terminar generando un conflicto con el sistema internacional del trabajo.

El gobierno busca no introducir ninguna regulación para las plataformas en la reforma laboral que enviará al Congreso, que además es el centro de una fuerte interna entre Sturzenegger y Pettovello. "No hay obligaciones para las empresas ni mejoras para los trabajadores", resumió a LPO una fuente al tanto del proyecto.

La cuestión de los turnos fijos es el principal argumento de las plataformas para negar la relación de dependencia. Es algo que preocupa a los repartidores y choferes, que trabajan para múltiples empresas en los horarios que más les convienen.

El sistema da lugar a situaciones insólitas: como independientes, algunos trabajadores de plataforma subcontratan a otros trabajadores que utilizan sus mismas cuentas y mejoran su ranking para obtener más recompensas.

"Es difícil de abordar, porque cualquier cambio que introduzcas puede terminar perjudicando a los trabajadores, pasó en países como España, donde las apps de transportes terminan funcionando bien solo en las grandes ciudades", explicó la fuente.

El doble rol de de Diego es una cuestión que no pasa desapercibida. "Hay un conflicto de intereses. Si asesorás al Estado en la reforma y trabajás para una empresa podés inducir al Estado a que beneficie a la empresa que representás", agregó.

De Diego carga sobre sus espaldas con el mayor fracaso del derecho laboral argentino: fue el autor de la ley de ART, que terminó perjudicando a empresas y trabajadores.

La ley buscaba beneficiar a las empresas al limitar los montos que debían pagar por los accidentes laborales previa contratación de aseguradoras de riesgo de trabajo. Tiempo después, la Corte determinó que era inconstitucional ponerle un tope a las indemnizaciones por accidentes.

Como no podían contratar otro seguro laboral más que la ART, las empresas terminaron cubriendo con su patrimonio la diferencia entre la indemnización que fijaba el juez y el tope de las ART.

No es el único paso en falso de de Diego: también asesoró y fue lobbysta de las empresas de trabajo eventual Adecco y Manpower. A través de esas consultoras, las empresas buscaban tercerizar sus contrataciones y ocultar la relación laboral con sus empleados. Otro fallo de la Corte rompió ese sistema.

Esos antecedentes comenzaron a hacer mella en la reputación de De Diego y sus ex socios Javier Adrogué y José Antonio Zabala abrieron en 2005 otro estudio.

(La Política Online)