La industria pesquera argentina encendió las alarmas al difundir un informe en el que señala un deterioro creciente de su competitividad, producto —según afirma— de una estructura de costos “sobredimensionada” por impuestos, tasas y cargas laborales que golpean tanto a las empresas como al empleo formal.

La cámara empresarial Capear Alfa advierte que la combinación de altos tributos, retenciones, costos operativos y regulaciones desactualizadas configura un escenario que desalienta inversiones y dificulta sostener puestos de trabajo. El documento subraya que el sector opera bajo una particularidad clave: la Argentina no influye en los precios internacionales, de modo que la única variable para competir es la reducción de costos internos. Cuando los márgenes dejan de ser rentabilidad para convertirse en supervivencia, se resienten la incorporación de tecnología y la estabilidad del empleo tanto a bordo como en tierra.

El informe detalla que los costos no solo dependen del mercado, sino también de una extensa red de tributos y aranceles que afectan la operatoria diaria: contribuciones patronales, ART, cánones sectoriales, tasas portuarias, inspecciones obligatorias y derechos de exportación. A esto se suman normativas laborales y marítimas que —según el sector— no se ajustan a la tecnología actual de los buques y obligan a dotaciones superiores a las necesarias, encareciendo cada marea.

Los empresarios también apuntan a los costos logísticos y a la lejanía de los principales mercados de consumo, factores que limitan la competitividad y se potencian con aranceles internacionales y un esquema de comercio exterior que, afirman, requiere simplificación y acuerdos que faciliten la exportación.

En este contexto, el sector plantea que el clima político y legislativo actual, marcado por reformas laborales y regulatorias impulsadas por el Gobierno, abre la oportunidad de discutir un régimen específico para la actividad pesquera. El objetivo sería aliviar cargas, reducir burocracia, promover inversiones en seguridad y modernización y mejorar el desempeño exportador sin resignar estándares sanitarios.

Según la cámara, la estructura de costos y regulaciones vigente “supera la capacidad de absorción del sector” y, sin cambios urgentes, podría comprometerse la continuidad de operaciones y la estabilidad de las dotaciones. Por eso reclaman la creación de una mesa técnica que evalúe y monitoree el impacto de las medidas propuestas.