Tras el escándalo a raíz de la filtración de los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, el Gobierno Nacional finalmente concretó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y traspasó sus atribuciones al Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, se trata de una decisión que se maduraba desde la detección de irregularidades en la agencia que conducía el exabogado del presidente Javier Milei.

Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció su cierre aunque aclaró que las prestaciones no serán recortadas ni se eliminarán. El hasta entonces interventor Alejandro Vilches asumirá como secretario.

“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, anunció desde la sala de conferencias.

Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”.

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario, y completó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.

Por su parte, aclaró: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”.

Al respecto, admiten que se trata de un cambio que incluye la unificación de criterios sanitarios y presupuestarios, la eliminación de superposiciones en funciones y competencias y la reducción del 45,7% su estructura jerárquica.

“El Gobierno nacional determinó que el reordenamiento institucional es condición indispensable para proteger los recursos públicos, y garantizar que las políticas de discapacidad cumplan efectivamente su finalidad sanitaria”, completaron además.