La gestión de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF) de General Pueyrredon vuelve a quedar bajo la lupa judicial. Esta vez, el conflicto se centra en la UTF Playa Bonita, donde la Asamblea Luna Roja presentó una denuncia penal contra funcionarios del Ejecutivo municipal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, tras el levantamiento de una clausura que —según la acusación— se apoyó en información técnica alterada.

La controversia se origina en la Resolución 1223/2025 de la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires, que revocó a la empresa concesionaria E.J.C. S.A. los permisos para la explotación del recurso hídrico y el vuelco de efluentes. A raíz de esa decisión provincial, el Municipio realizó una inspección a fines de octubre y ordenó el cese inmediato de las actividades del complejo.

Sin embargo, la clausura duró apenas unos días. El 7 de noviembre, Playa Bonita volvió a operar luego de que el Ejecutivo municipal considerara suficiente que la empresa iniciara nuevos trámites ante la provincia, pese a que los permisos revocados aún no habían sido restituidos. Para las organizaciones denunciantes, esta decisión implicó ignorar el principio precautorio y habilitar una actividad potencialmente contaminante sin respaldo legal firme.

El eje más delicado de la denuncia apunta a una grave discrepancia en la calificación del riesgo ambiental. Según la Asamblea Luna Roja, el Municipio presentó documentación donde el predio figura con riesgo hídrico “cero” (CHi0), cuando el certificado original emitido por la ADA lo calificaba como de “riesgo mediano” (CHi2). Lejos de tratarse de una diferencia técnica menor, los denunciantes sostienen que se habría modificado información pública sanitaria para justificar administrativamente la reapertura del establecimiento.

Desde el punto de vista legal, la presentación judicial advierte que el Ejecutivo municipal habría desconocido la jerarquía normativa provincial, vulnerando el Código de Aguas, la Ley General del Ambiente y la Ordenanza Municipal 25.810. También se señala la posible omisión de actos de oficio y un presunto abuso de autoridad al permitir el funcionamiento de una UTF sin garantías ambientales efectivas, en una zona costera altamente sensible.

La respuesta oficial no disipó las dudas. Desde el Ejecutivo aseguraron que “Inspección General es la dependencia con la visión más ecologista y ambientalista del municipio” y afirmaron haber actuado en consulta con la provincia. No obstante, evitaron explicar con precisión por qué se modificó la categoría de riesgo ambiental ni por qué se habilitó la actividad sin permisos definitivos de vuelco. Además, calificaron como “raro” el momento en que se dio a conocer la denuncia, una reacción que para los denunciantes busca deslegitimar el reclamo en lugar de responder a su contenido.

El caso vuelve a exponer la tensión estructural entre el Ejecutivo local y las organizaciones ambientales que monitorean el Paseo Costanero Sur, un sector históricamente atravesado por disputas en torno al uso del espacio público, las concesiones privadas y el control de los efluentes. Con la denuncia ya en sede penal, será la Justicia la que deba determinar si la reapertura de Playa Bonita fue resultado de un procedimiento administrativo regular o de una maniobra para sortear controles ambientales que siguen siendo una deuda pendiente en la costa marplatense.