En un análisis contundente sobre la reciente agresión de un policía de la Ciudad de Buenos Aires a un hombre con muletas durante una marcha de jubilados y personas con discapacidad, Pablo Aceto, dirigente del Partido Socialista Auténtico en Unidad Socialista, en diálogo con Cazador de Noticias, amplió la discusión hacia una problemática aún más preocupante: la posible existencia de incentivos detrás de este tipo de comportamientos violentos dentro de las fuerzas de seguridad.

La semana pasada, un video que rápidamente se viralizó mostró cómo un hombre con muletas, identificado como uno de los manifestantes de la protesta de jubilados y personas con discapacidad, fue empujado violentamente por un efectivo de la Policía de la Ciudad. La agresión, que generó un repudio masivo en las redes sociales, provocó la reacción de los presentes, quienes increparon al uniformado por su conducta.

Sin embargo, Aceto no se limitó a la condena de la violencia directa. Subrayó que lo que realmente debería preocupar es una cuestión mucho más grave que va más allá de la agresión física en sí: la posible implementación de tácticas policiales similares a los llamados "falsos positivos". Estos procedimientos fueron utilizados en Colombia entre 2002 y 2008, cuando las fuerzas militares y policiales fabricaban casos de “guerrilleros muertos en combate” a cambio de incentivos como bonificaciones económicas o ascensos en el rango.

Aceto vinculó este fenómeno con el accionar de la policía porteña, preguntándose: “¿Cuáles son los incentivos que tiene el gobierno de la CABA, bajo la gestión de Jorge Macri, para que la policía recurra a estas maniobras de falsos positivos?”. Según su hipótesis, el policía podría estar buscando recompensas o ascensos a través del uso de tácticas agresivas o incluso mediante falsas acusaciones, como la que se le hizo al hombre agredido, quien fue acusado erróneamente de robar una moto.

El dirigente socialista afirmó que esta dinámica es aún más peligrosa que el acto de violencia en sí. “Estamos frente a una vulnerabilidad de la ciudadanía ante el accionar de funcionarios policiales que fabrican delitos para obtener compensaciones”, remarcó Aceto. Y cuestionó la falta de respuesta del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien, según él, debe responder por lo sucedido. “Si no da una explicación, es cómplice o está promoviendo este tipo de acciones dentro de la policía de la CABA”, aseguró.

Además, Aceto amplió su denuncia a la actitud de las fuerzas de seguridad en el ámbito nacional, haciendo especial mención a los gendarmes que reprimen con dureza a jubilados y personas en situación de protesta. “¿Acaso el que golpea a un jubilado gana más que el que cuida la frontera?”, se preguntó.

“El hecho de violencia, que tuvo gran repercusión mediática, se convierte en un punto de partida para una crítica más profunda al sistema de seguridad y sus posibles distorsiones. Tanto el poder ejecutivo porteño como el nacional deben dar explicaciones claras sobre los incentivos que están motivando estos actos de abuso de poder”, concluyó Aceto.