De acuerdo con los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Las cifras reflejan una contracción sostenida en el número de empleadores y una reducción del empleo formal, con especial incidencia en el sector de la construcción.

Según los datos oficiales, en noviembre de 2023 el sistema de riesgos del trabajo contabilizaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores.

Dos años después, en noviembre de 2025, el número descendió a 490.419 empresas y 9.566.571 empleados. El resultado es una caída neta de 21.938 empleadores y una disminución de 290.602 puestos de trabajo.

El informe también detalla que solo en noviembre último el cierre neto de empresas fue de 892, mientras que en los primeros 11 meses de 2025 se acumuló una pérdida neta de 9.722 empleadores.

Devaluación y ajuste

La dinámica, explican fuentes del sector, estuvo marcada inicialmente por la devaluación y el ajuste fiscal, factores que impactaron con fuerza en la actividad económica.

La construcción aparece como uno de los rubros más afectados, en un contexto de retracción de la obra pública y desaceleración de proyectos privados. No obstante, hacia fines de 2024 se observó una moderación en la tendencia: a diciembre de ese año, el total de empleadores se ubicaba en 499.682.

Otro dato relevante del relevamiento es la alta mortalidad empresaria. Durante los últimos cuatro trimestres analizados, el 34% de los cierres correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad, lo que evidencia la dificultad de muchas firmas para consolidarse y sostener su actividad en un escenario económico desafiante.

Empleo registrado, 300.000 puestos de trabajo menos

A dos años del cambio de gobierno, el empleo asalariado registrado exhibe un retroceso significativo. Según estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), publicadas por el Ministerio de Capital Humano, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 299.600 puestos de trabajo formales bajo relación de dependencia.

La contracción más marcada se verificó en el sector privado. Antes de la asunción presidencial se contabilizaban 6.385.800 trabajadores asalariados en empresas privadas, cifra que dos años después descendió a 6.189.100. La diferencia implica 196.700 empleos menos, equivalente a una baja del 3,1%. En paralelo, el empleo público mostró una reducción más moderada: la planta estatal pasó de 3.484.300 a 3.403.400 agentes, con una caída de 80.900 puestos (-2,3%).

El segmento de casas particulares también registró números negativos. En el mismo período, el total de trabajadores bajó de 464.500 a 442.500, lo que representa 22.000 empleos menos y una retracción del 4,7%, la más pronunciada en términos porcentuales entre las categorías asalariadas.

Mientras el trabajo bajo relación de dependencia se achicó, otras modalidades mostraron comportamientos dispares. Los trabajadores autónomos crecieron levemente (1,9%), al pasar de 385.800 a 393.000. Más dinámico fue el avance del monotributo general, que sumó 137.400 inscriptos (+6,7%). En contraste, el monotributo social sufrió un fuerte recorte tras el reempadronamiento oficial y cambios en los aportes.

El análisis sectorial revela que 11 de las 14 ramas privadas perdieron empleo. La construcción encabezó las caídas, seguida por la industria manufacturera. Agro, comercio y pesca mostraron variaciones positivas, aunque insuficientes para compensar el retroceso general del empleo asalariado formal.