En el marco del debate sobre nuevas sanciones para quienes arrojan residuos en la vía pública, desde el bloque de Unión por la Patria señalaron que el problema de los microbasurales en General Pueyrredon no radica en la falta de herramientas punitivas, sino en la ausencia de control efectivo y gestión integral por parte del Estado municipal.

El Código Contravencional (Ordenanza Municipal Nº 4544) ya establece multas, clausuras e incluso arrestos para quienes descarten residuos, vuelquen efluentes o generen focos de contaminación en el espacio público.

En marzo de 2025, el bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto solicitando a la Justicia Municipal de Faltas que informe cuántas infracciones fueron labradas y cuántas sanciones efectivamente se aplicaron en el marco de esa normativa. A casi un año de su presentación, la iniciativa no tuvo tratamiento ni respuesta.

“Si queremos discutir sanciones, primero tenemos que saber si las que ya existen se están aplicando y con qué resultados”, señaló Diego García. “Nuestro planteo no desconoce la importancia de sancionar; por el contrario, apunta a conocer si el Estado municipal está ejerciendo realmente su poder de policía”.

Desde el bloque remarcaron que el Municipio destina recursos millonarios al sistema de recolección y disposición final de residuos. Sin embargo, continúan proliferando microbasurales en distintos barrios de Mar del Plata y Batán, afectando la salud pública, el ambiente y la calidad de vida de vecinos y vecinas.

“En las últimas horas vimos que el oficialismo presentó un proyecto para incorporar el trabajo comunitario como sanción. Pero discutir la sanción es solo una parte del problema”, sostuvo García. “Cuando la ciudad está llena de microbasurales, el eje tiene que estar en que el Estado controle y gestione mejor. Si no hay orden y presencia municipal, ninguna figura nueva va a resolver lo que hoy es evidente en los barrios, los vecinos pagan un contrato millonario por la recolección de residuos y los problemas no hacen más que crecer”.