El sector de la discapacidad atraviesa una situación crítica. Trabajadores y prestadores de servicios del sector se manifestaron frente al Palacio Municipal para visibilizar una problemática que afecta tanto a los profesionales como a las familias de personas con discapacidad. La denuncia se centra en las demoras y la falta de pagos por parte de PAMI e Incluir Salud, el programa federal gestionado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que garantiza la cobertura médica a los titulares de Pensiones No Contributivas sin obra social.

A pesar de la existencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, reglamentada en febrero de 2026, los prestadores de servicios aseguran que los pagos siguen sin regularizarse, lo que ha generado un grave perjuicio tanto a los trabajadores como a las personas que dependen de estos servicios para sostener tratamientos, terapias y acompañamientos diarios.

“Estamos visibilizando la dificultad que estamos teniendo todos los trabajadores del sector de discapacidad, representados por los centros de día, que es mi caso, ya no están pudiendo pagar sueldos. Estamos a punto de llegar a un cese de actividades porque los trabajadores no cobran y el programa Incluir Salud no ha pagado en todo el año, ya llevan tres meses sin regularizar los pagos”, expresó a Cazador de Noticias un representante del sector durante la protesta.

El panorama se agrava aún más con la falta de pago por parte de otros organismos, como IOMA y PAMI, que discontinuó los pagos este último mes sin ofrecer explicaciones claras. Las denuncias apuntan a la falta de respuestas por parte del Estado nacional, lo que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos de las personas con discapacidad, quienes no tienen otra opción que esperar a que el Estado regularice los pagos.

“Estamos hablando de prestadoras de salud que dependen del Estado nacional, y de que una persona con discapacidad no puede pagar por sí misma los servicios que se brindan. No tenemos otra opción que esperar que el Estado se acuerde del sector de discapacidad. Hay una ley de Emergencia en Discapacidad, pero no se está llevando adelante. Solo han gestionado reglamentos, pero los pagos siguen sin llegar”, continuó el vocero de los prestadores.

La situación ha llevado a muchos a trabajar sin recibir sus sueldos, afectando no solo la economía de los trabajadores del sector, sino también la calidad de los servicios prestados. “Estamos en un momento de difícil gestión, con las alas cortadas. No se están cumpliendo los pagos por las prestaciones que ya hemos brindado. Esto impacta de lleno en la continuidad de terapias, traslados y acompañamientos. Es una trampa sin salida para todos los involucrados”, añadieron más adelante.

La Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada por el Parlamento, ha sido incapaz de garantizar la implementación de medidas que resuelvan las demoras en los pagos, lo que ha generado una creciente frustración en el sector. La crisis también ha afectado a las personas con discapacidad, quienes temen quedarse sin medicamentos y terapias ocupacionales si los centros de día y otros servicios se ven obligados a cerrar debido a la falta de fondos.

“Si cierran los centros de día, nos quedaremos sin medicamentos, sin terapistas ocupacionales, y en definitiva, sin la atención que tanto necesitamos. Este es un momento crítico para todas las personas con discapacidad que dependen de estos servicios para vivir con dignidad”, manifestó a este portal una de las personas con discapacidad que acompañó el reclamo.

El sector hace un llamado urgente al gobierno nacional para que cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad, garantizando los pagos y la continuidad de los servicios, antes de que la crisis se profundice aún más. Sin una respuesta inmediata, los centros de día y otros prestadores de servicios podrían verse obligados a cesar sus actividades, lo que afectaría gravemente a las personas con discapacidad y a sus familias.