Con el recinto colmado de público, la sesión especial convocada por el Concejo Deliberante para conmemorar el 50° aniversario del golpe de 1976 y repudiar el terrorismo de Estado comenzó en un clima de tensiones que rápidamente derivó en gritos y un ambiente de escándalo. La controversia se desató cuando organismos de derechos humanos rechazaron el cambio de fecha de la sesión, que tradicionalmente se celebraba el 24 de marzo, y fue trasladada por primera vez al 26 de marzo.

“Alterar la fecha desdibuja el sentido histórico, político y simbólico del 24 de marzo”, expresaron los representantes de los organismos, acusando a los miembros del interbloque oficialista (PRO, UCR, CC y LLA) de intentar relativizar la gravedad de los hechos conmemorados. Además, destacaron que no se trataba de una cuestión administrativa, sino de un acto con profundas implicaciones políticas. En este sentido, los organismos también advirtieron sobre el avance de discursos negacionistas y el debilitamiento de los consensos democráticos dentro del Concejo, alertando sobre la creciente intolerancia en la política argentina.

Una de las críticas más duras fue dirigida a una reciente ordenanza aprobada por el Concejo, que permitía la instalación de un emprendimiento comercial en un predio que, durante la dictadura, había sido utilizado como centro clandestino de detención. Reconocido por la CONADEP en 1984, este sitio fue considerado por los organismos de derechos humanos como parte de la memoria histórica, y la decisión de permitir su uso comercial fue rechazada como una "banalización" de los lugares de memoria, que deberían ser preservados para la reflexión y la transmisión de derechos.

El rechazo se intensificó aún más cuando los representantes de derechos humanos señalaron que la decisión fue respaldada por fuerzas políticas históricamente comprometidas con la memoria, como la UCR. “Este quiebre no solo expresa una contradicción, sino que también nos obliga a preguntarnos qué dirían hoy quienes sentaron las bases del consenso democrático en el país”, señalaron, haciendo referencia al Dr. Raúl Alfonsín.

Los discursos de los organismos de derechos humanos generaron un creciente malestar, que se intensificó cuando las críticas se dirigieron hacia el gobierno nacional, mencionando las detenciones de la expresidenta Cristina Fernández y la dirigente social Milagro Sala, lo que sumó aún más tensión a la jornada.

En medio de este clima de confrontación, Alberto Pellegrini, ex detenido desaparecido, al finalizar la lectura del documento por parte de los organismos de derechos humanos, subrayó su rechazo personal al cambio de fecha de la sesión y a lo que consideró una minimización de hechos clave de la memoria histórica, como la importancia del Faro de la Memoria. Pellegrini fue tajante al señalar que, aunque podía comprender que partidos como La Libertad Avanza o aquellos vinculados a Mauricio Macri adoptaran estas posturas, lo que lo alarmaba era que estos planteamientos fueran respaldados por “socios políticos” que “más que socios se convirtieron en cómplices” al apoyar decisiones que desdibujan la gravedad de los hechos ocurridos durante la dictadura, en clara alusión a los ediles de la Unión Cívica Radical.

La intervención de Pellegrini, cargada de indignación, reflejó la creciente tensión en el recinto, que se hizo aún más palpable cuando el concejal Rolando Demaio, de La Libertad Avanza, comenzó a exponer sus críticas sobre la memoria histórica del país. A su intervención, se sumó el concejal Julián Busetti, lo que generó un fuerte repudio por parte de un sector del público presente en la barra, que no dudó en manifestar su desacuerdo con gritos y cánticos: “¡Que digan dónde están!” y “Caradura, llegan acá porque los vota la gente”. Estos momentos de agitación fueron una constante durante el desarrollo de la sesión, reflejando la polarización y los intensos debates sobre la interpretación de la historia reciente de Argentina.

En un día cargado de controversias y enfrentamientos, la sesión dejó al descubierto la profunda división política y social en torno a la memoria histórica y el respeto por las víctimas del terrorismo de Estado, mostrando cómo los ecos del pasado siguen influyendo fuertemente en la política del presente.

Desde la oposición, los concejales de Unión por la Patria, Valeria Crespo, y de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro, Gustavo Pulti, destacaron la importancia de preservar la memoria y los sitios de memoria en Mar del Plata, recordando cifras locales de víctimas del terrorismo de Estado y señalando que los delitos cometidos por la dictadura son imprescriptibles.

“Los delitos atroces cometidos por el Estado fueron parte de un ataque sistemático contra la población civil, son crímenes de lesa humanidad por lo tanto son imprescriptibles”, afirmó Crespo, al tiempo que subrayó la necesidad de mantener vigente el reclamo colectivo.

Por su parte, Pulti cuestionó con dureza el cambio de fecha en un enérgico discurso: “No se trata de rituales vacíos ni de acomodar los feriados. Esperemos que en 2027, el acto del 24 de marzo se haga el 24 de marzo”. Advirtió sobre intentos de relativizar lo ocurrido durante la dictadura y comparó a los discursos negacionistas con los terraplanistas, los antivacunas y hasta con los therians. También marcó un paralelismo entre la dictadura y el gobierno de Milei: dijo que en ambos casos se registra un “industricidio”.

A su vez, Ricardo Liceaga Viñas (UCR) y Guido García (Coalición Cívica) insistieron en sostener la democracia sin banalizaciones, mientras Juan Manuel Cheppi (Frente Renovador) denunció un “clima de violencia discursiva” y pidió justicia por los 30.000 desaparecidos.

En un día cargado de controversias y enfrentamientos, la sesión dejó al descubierto la profunda división política y social en torno a la memoria histórica y el respeto por las víctimas del terrorismo de Estado, mostrando cómo los ecos del pasado siguen influyendo fuertemente en la política del presente.