El conflicto en el complejo turístico de Chapadmalal, un emblemático centro de turismo social, se intensifica luego de que la Agencia de Bienes del Estado intimara a unas 30 familias de trabajadores a abandonar las viviendas en las que residen. Ante esta medida, el sindicato ATE presentó un recurso de amparo judicial con el objetivo de frenar los desalojos, y cuestionó que un organismo ajeno a la gestión laboral de los empleados intervenga en su situación.

Los trabajadores, que dependen de la Secretaría de Turismo de la Nación para definir su situación laboral, consideran inapropiado que la Agencia de Bienes del Estado tome decisiones sobre su futuro. Según ATE, la intervención de esta entidad responde a un intento de privatización del complejo, un espacio que históricamente ha tenido un fuerte enfoque en el turismo social y que fue creado bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, cuando Chapadmalal no contaba con una población estable.

Las viviendas en disputa, explicaron desde el sindicato, forman parte del diseño original del complejo y siempre estuvieron destinadas a los empleados. Aunque no son propietarios de los inmuebles, los trabajadores consideran que cualquier decisión sobre su situación debe ser tomada por la autoridad laboral correspondiente, no por un organismo ajeno a este ámbito.

A pesar de la incertidumbre sobre el futuro del complejo, los trabajadores mantienen su labor en el lugar, y muchos de ellos cuentan con contratos vigentes hasta finales de este año. Sin embargo, no hay definiciones claras sobre el destino del complejo y su modelo de turismo social. Mientras tanto, los empleados aseguran que seguirán luchando para defender los principios históricos que sustentan Chapadmalal como un espacio destinado al bienestar de los trabajadores y no a intereses privados.

El futuro de este emblemático complejo turístico parece depender de una resolución judicial que, por ahora, podría demorarse, dejando a las familias en una situación de gran incertidumbre.