En medio de los anuncios del Gobierno nacional sobre un paquete de medidas que enviará al Congreso en junio para desregular el mercado inmobiliario, la preocupación de los profesionales del sector es más que evidente. En diálogo con Cazador de Noticias, Verónica Berasueta, vicepresidenta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, expresó con firmeza su rechazo a la desregulación propuesta, asegurando que el gobierno está tomando decisiones sin comprender a fondo el impacto que estas tendrían en el mercado.

"El desconocimiento sobre lo que implica la desregulación es enorme", comenzó Berasueta, quien destacó que solo los profesionales del sector conocen las implicancias de una medida de esta magnitud. Según ella, el gobierno parece ver a los colegios profesionales como "enemigos", cuando en realidad su función es la de "garantizar el control profesional en una actividad que ya está desregulada en muchos aspectos".

La vicepresidenta explicó que, aunque el mercado inmobiliario permite a la gente comprar, vender o alquilar de manera independiente, "cuando las operaciones pasan por una inmobiliaria, bajo la supervisión de un profesional, todo se canaliza de manera legal y controlada". Para Berasueta, la intervención de los colegios es esencial, ya que no solo ejercen el control de la matrícula, sino que también resuelven problemas y disputas sin necesidad de recurrir a la justicia, "lo cual ayuda a descongestionar el sistema judicial, que ya está bastante saturado".

Una de sus principales preocupaciones es que, al desregular el mercado, "cualquiera podría vender propiedades sin el debido control", lo que podría llevar a cobros irregulares y prácticas fraudulentas que, inevitablemente, terminarían en los tribunales. "Esto generaría más trabajo para la Justicia, que ya se encuentra al límite, y provocaría un caos total en el mercado", advirtió.

Berasueta también subrayó que, aunque se haya mencionado la posibilidad de derogar la ley provincial que regula el sector, "cualquier intento de desregulación es constitucionalmente complicado". Recordó que un intento similar en la época de la presidencia de Carlos Menem fracasó, cuando los responsables del gobierno entendieron que el mercado inmobiliario estaba funcionando correctamente gracias a la regulación existente. "Es un mercado que funciona bien, y si se producen abusos, los colegios están allí para poner orden", sostuvo.

La crítica de Berasueta no se limita solo a la medida en sí, sino también a la falta de diálogo entre el gobierno y los profesionales del sector. "Este tipo de decisiones se toman de manera unilateral, sin consultar a los colegios que estamos en el terreno día a día. No hubo comunicación oficial ni formal, ni siquiera una reunión para discutir el tema", concluyó la vicepresidenta, quien participó recientemente de una reunión con veinte presidentes de colegios de la provincia de Buenos Aires, donde a ninguno se le había consultado su opinión sobre la desregulación.

"Este es un tema que se está tratando sin conocimiento real del funcionamiento del mercado inmobiliario y sin escuchar a los que realmente conocemos el impacto que tendría una medida de este tipo", cerró Berasueta, destacando que la desregulación podría traer más perjuicios que beneficios al sector y al conjunto de la sociedad.