La Justicia resolvió suspender de manera preventiva el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). La medida fue adoptada por el juez en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, Mariano López, quien dispuso frenar la eventual venta de activos ante posibles impactos ambientales.

El magistrado hizo lugar a una presentación impulsada por el Defensor del Pueblo bonaerense, que advirtió que la iniciativa no contempla "elementos básicos que garanticen el acceso al agua" y que, además, omite considerar la existencia de "pasivos ambientales en territorio bonaerense".

Según publicó El Destape, López elevó su decisión a la Cámara Federal de La Plata y argumentó que la privatización dispuesta por el gobierno nacional no fortalece las obligaciones de garantizar un acceso a la cobertura sanitaria, como así tampoco no aumenta los mecanismos de recomposición y prevención. López sumó: "(La privatización) tiende a reducir las exigencias regulatorias y postergar obras críticas”.

Asimismo, el juez avaló la posición del Defensor del Pueblo bonaerense quien defendió el derecho colectivo del acceso al agua potable, de forma suficiente, segura y equitativa.

La Defensoría bonaerense, a cargo de Guido Lorenzino, había solicitado a la Justicia que detuviera la privatización dado que ponía en riesgo el esquema de mayor exigencia ambiental de la empresa en cuanto a inversiones, mantenimiento, expansión, saneamiento, remediación ambiental o continuidad del servicio público esencial. La justicia consideró que nada de esto fue tenido en cuenta en el pliego de la licitación de Aysa, que por el contrario pone en riesgo tanto el derecho humano de acceso al agua potable como el derecho a un ambienta sano.