La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el archivo de la causa iniciada por las autoridades del Hospital de Pediatría Garrahan contra un grupo de empleados y delegados sindicales que protagonizaron una protesta salarial en la que hubo disturbios.

La Justicia determinó que los hechos no constituyeron un delito penal, sino que se encuadraron dentro del derecho constitucional a la protesta y la actividad gremial.

El episodio que originó la denuncia ocurrió el 31 de octubre de 2025 al mediodía. En esa oportunidad, cerca de 50 trabajadores, acompañados por representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Asociación de Profesionales y Técnicos, tomaron las oficinas de la Dirección Médica Ejecutiva y la Dirección Administrativa Adjunta, ubicados en la planta baja del establecimiento.

El reclamo apuntaba a que les reintegren los descuentos de sueldo por días no trabajados por adherir a protestas anteriores.

Anteriormente, en primera instancia y ante la Cámara Federal porteña, también se había rechazado abrir una investigación penal. La querella de la dirección del hospital insistió hasta llegar a Casación.

La Sala IV del máximo tribunal penal federal estableció en un fallo que el derecho penal debe ser la última opción del Estado para resolver conflictos y que, en este escenario, no se constató violencia física, amenazas penalmente relevantes ni una interrupción real de los servicios médicos esenciales del hospital pediátrico.