La totalidad de los 53 jardines de infantes estatales de General Pueyrredon, representados por sus directores, presentaron una carta formal dirigida a la Jefatura Distrital y Regional con el fin de que sea elevada a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. El reclamo central exige una revisión urgente de los protocolos de seguridad actuales, una preocupación que se profundizó tras la violenta agresión física registrada en el Jardín Nº 922.

En el documento, las autoridades escolares demandaron garantías de protección integral para docentes, auxiliares y estudiantes dentro de los establecimientos. Asimismo, solicitaron una mesa de diálogo urgente que sume a funcionarios del Poder Judicial, argumentando que el Ministerio de Educación reconoce limitaciones legales para actuar ante determinados conflictos que desbordan el ámbito escolar.

El petitorio enfatiza la necesidad de pasar de las respuestas reactivas a políticas efectivas de prevención, acompañamiento técnico y reparación institucional. Entre los puntos clave destacan el asesoramiento jurídico para docentes denunciados, dispositivos de salud mental para el personal afectado y sanciones institucionales y legales severas para los agresores.

Finalmente, la comunidad directiva propuso instancias obligatorias de mediación con las familias envueltas en situaciones de vulnerabilidad o violencia, dejando actas formales que condicionen la continuidad escolar de los alumnos según el caso. "Cuidar a quienes educan también es cuidar la escuela pública y proteger el derecho de