La concejal de Acción Marplatense, Eva Ayala, renovó sus cuestionamientos al sistema implementado por el Municipio para el cobro de la Tasa por Alumbrado Público y reclamó conocer los detalles de los acuerdos firmados con la empresa EDEA y con las entidades encargadas de la cobranza.

Las declaraciones de la edil se produjeron luego del dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que puso en discusión la inclusión de tasas municipales dentro de las facturas de servicios públicos. Si bien el pronunciamiento no desconoce la potestad de los municipios para establecer tributos, sí analiza el mecanismo utilizado para su recaudación.

En ese marco, Ayala recordó que durante el debate del Presupuesto y de la Ordenanza Fiscal e Impositiva su bloque ya había advertido sobre las dudas legales que generaba el nuevo esquema impulsado por el Ejecutivo municipal.

Sin embargo, la concejal hizo hincapié principalmente en los costos que implica el sistema de cobro. “Seguimos preguntando algo muy concreto: ¿cuántas veces el Municipio tiene que pagar comisiones?”, planteó.

Según explicó, la comuna podría estar afrontando distintos cargos por la intermediación de EDEA, las empresas de cobranza y otros mecanismos vinculados a asegurar el pago de la tasa. “¿Cuántas veces el Municipio está pagando comisiones sobre los mismos servicios o, en todo caso, para cobrarlos?”, cuestionó.

Ayala reclamó que el Ejecutivo municipal informe cómo está estructurado el sistema, qué empresas intervienen y cuál es el impacto económico que representa para las cuentas públicas.

Además, señaló que desde febrero Acción Marplatense solicitó acceder al contrato celebrado con EDEA y a los convenios con las empresas prestadoras de servicios de cobranza, aunque aseguró que hasta el momento no recibió la documentación requerida.

La edil también sostuvo que los expedientes presentados ante el Concejo Deliberante no tuvieron avances y acusó al gobierno municipal de incurrir en un “incumplimiento categórico” respecto del derecho de acceso a la información pública.

“No es una decisión que puedan tomar discrecionalmente; es una prerrogativa constitucional respaldada por leyes y por fallos de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana”, afirmó Ayala.