Mientras continúa vigente la medida judicial que frenó las obras iniciadas sin contar con todos los permisos correspondientes, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon aprobó este jueves el cambio de uso de suelo que habilita el desarrollo del proyecto comercial “Plaza Rumencó”, impulsado por el barrio privado ubicado en la zona sur de Mar del Plata.

La iniciativa, que contempla la construcción de un paseo de compras con estacionamiento subterráneo en cercanías del arroyo Corrientes, obtuvo el respaldo del oficialismo municipal, integrado por PRO, UCR, La Libertad Avanza y Coalición Cívica. Unión por la Patria votó en contra, mientras que el Frente Renovador y Acción Marplatense se abstuvieron.

La aprobación se dio sin debate en el recinto, pese a que el proyecto arrastra cuestionamientos ambientales y urbanísticos desde su inicio. Las obras habían comenzado con movimientos de suelo y la tala de un monte existente en el predio antes de completar las evaluaciones ambientales exigidas.

Ante esa situación, en abril el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 hizo lugar a una medida cautelar y ordenó detener los trabajos. Sin embargo, el expediente para modificar la normativa urbanística continuó su trámite en el ámbito municipal.

El proyecto había sido elevado al Concejo por el intendente Agustín Neme en marzo, cuando los trabajos ya se encontraban en marcha. Finalmente, el oficialismo logró aprobar la ordenanza que permite adecuar el uso del suelo para la instalación del emprendimiento.

Durante el tratamiento legislativo, se solicitó un informe a la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda para conocer la relación entre la cautelar judicial y el trámite municipal, además de determinar quién sería responsable de las compensaciones urbanísticas correspondientes.

La respuesta del área municipal planteó que la existencia de la medida judicial no impedía avanzar con la modificación normativa, siempre que ello no significara autorizar directamente la ejecución del emprendimiento mientras la cautelar estuviera vigente.

En cuanto a las compensaciones, se modificó la redacción del expediente para establecer que deberá hacerse cargo “el titular registral de los inmuebles alcanzados” o quien posteriormente adquiera la propiedad.

Sin embargo, uno de los puntos más cuestionados es que la llamada compensación urbanística quedó vinculada al financiamiento del sistema de alumbrado público sobre la avenida Jorge Newbery, una mejora que beneficiará principalmente al propio entorno donde se desarrolla el proyecto.

Desde sectores críticos señalaron que el Municipio continúa utilizando este mecanismo sin establecer un esquema general que garantice una distribución equitativa de los beneficios derivados de los cambios urbanísticos.

La aprobación del expediente vuelve a poner en discusión la política urbana del gobierno municipal, cuestionada por priorizar proyectos privados mientras permanecen pendientes definiciones sobre controles ambientales, planificación territorial y el destino de las compensaciones que surgen de los grandes desarrollos inmobiliarios.