El presidente del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, Emiliano Recalt, apuntó duramente contra la Justicia luego de que la jueza de Garantías del Joven N° 1, Libertad Cordido, rechazara el pedido de detención solicitado por la Fiscalía para un adolescente de 15 años acusado de robo agravado y portación de arma de fuego.
La resolución generó el cuestionamiento del dirigente de La Libertad Avanza, quien puso el episodio en el marco de la discusión por el nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno nacional.
Según trascendió, la magistrada rechazó la medida privativa de la libertad al considerar los parámetros establecidos por la legislación vigente y evaluar que, ante una eventual condena, esta podría ser de ejecución condicional.
Recalt se refirió a ese argumento y manifestó: “La jueza de garantías consideró que una eventual condena podría ser de ejecución condicional”.
A partir de esa decisión, el titular del HCD expresó un fuerte cuestionamiento al funcionamiento del sistema judicial. “Una vez más la Justicia FALLANDO en todos los sentidos”, sostuvo a través de sus redes sociales.
En la misma línea, Recalt criticó los criterios que, según su mirada, continúan aplicándose dentro del sistema penal juvenil pese a las modificaciones impulsadas a nivel nacional.
“Después de lograr algo histórico gracias a la decisión del presidente Javier Milei todavía convivimos con el garantismo que libera chorros”, afirmó el dirigente libertario.
Finalmente, el presidente del Concejo Deliberante reclamó que los cambios normativos recientemente implementados sean utilizados por la Justicia. “La herramienta está, es hora que la Justicia empiece a escuchar más y a FALLAR menos”, concluyó.
El adolescente había sido aprehendido junto a otro menor luego de que ambos ingresaran por la fuerza a una propiedad. Al momento de la intervención policial, uno de ellos fue encontrado en posesión de un arma de fuego. Ante esa situación, la Fiscalía había solicitado formalmente la detención del joven de 15 años por los delitos de robo agravado y portación de arma, medida que finalmente fue rechazada por la jueza Cordido.











