Frente a la discusión pública en torno a la posible desregulación de las profesiones colegiadas, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata hizo un llamado a reflexionar sobre el impacto directo que estas medidas tendrían en los usuarios del mercado inmobiliario.

Desde la entidad remarcaron que el foco del debate no debe ser únicamente la supresión de la matriculación o el cambio de normativas, sino las garantías que conservarían las familias y particulares al momento de comprometer sus ahorros, viviendas o bienes en una transacción.

“Desregular la actividad no da más libertad, deja al ciudadano negociando solo, sin nadie que responda si algo sale mal”, enfatizaron desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos.

En esa línea, subrayaron que herramientas como la matrícula habilitante, la supervisión del ejercicio profesional, la responsabilidad legal y el régimen disciplinario son pilares esenciales para asegurar operaciones transparentes y protegidas.

El planteo de la entidad abre un interrogante clave: ¿con qué resguardos contaría la sociedad ante un conflicto inmobiliario si se debilitan o eliminan las estructuras de control existentes?

Desde el organismo recordaron que alquilar o comprar un inmueble excede una mera transacción económica. Requiere un análisis exhaustivo de títulos, verificación de antecedentes, constatación de deudas, aspectos catastrales y la correcta documentación que garantice la seguridad jurídica de los involucrados.

Por este motivo, instaron a abordar la discusión regulatoria desde una perspectiva integral que priorice los efectos concretos en la vida cotidiana de las personas.

“La discusión no es solamente sobre una matrícula. Es sobre quién controla, quién responde y qué respaldo tiene una persona cuando realiza una operación que compromete una parte importante de su patrimonio”, concluyeron.

Finalmente, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata ratificó su compromiso de seguir participando activamente del debate institucional, promoviendo la transparencia, la responsabilidad en el ejercicio técnico y la defensa de los derechos de la ciudadanía.