La Asociación Civil de Servicios para la Discapacidad y la Inclusión reclama respuestas concretas ante el debate legislativo por la Emergencia Nacional en Discapacidad. Advierte sobre el impacto de las demoras en la continuidad de los tratamientos, la organización de las familias y la sostenibilidad de las prestaciones.

En el marco de la jornada legislativa convocada para este 15 de octubre en la Cámara de Diputados de la Nación, que incluye el tratamiento de iniciativas vinculadas con la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, la Asociación Civil de Servicios para la Discapacidad y la Inclusión (ASPREDIS) reclamó decisiones concretas que permitan garantizar los derechos de las personas con discapacidad y la continuidad de las prestaciones.

Desde la entidad advirtieron que la discusión no puede limitarse a una instancia legislativa más, ya que están en juego las condiciones necesarias para sostener tratamientos, apoyos y servicios esenciales para miles de personas y sus familias.

“La demora también produce consecuencias. La falta de decisiones también tiene un impacto”, señalaron desde ASPREDIS, al poner el foco en una problemática que excede los plazos administrativos y repercute directamente en la vida cotidiana.

Cuando las autorizaciones no llegan a tiempo, las familias desconocen si podrán sostener los tratamientos y las respuestas institucionales se postergan, la incertidumbre se transforma en una dificultad concreta. La continuidad de los apoyos puede resultar determinante para la salud, la autonomía, el desarrollo y la participación social de las personas con discapacidad.

Por ese motivo, desde la asociación sostienen que las demoras deben evaluarse no solo en términos burocráticos, sino también por sus consecuencias reales sobre la calidad de vida y el ejercicio efectivo de los derechos.

Prestaciones en riesgo y dificultades para sostener el sistema

A este escenario se suma la situación de los prestadores, los equipos profesionales y las instituciones que sostienen cotidianamente una parte esencial de la red de atención.

Según advirtieron desde ASPREDIS, quienes trabajan en el sector continúan cumpliendo con sus obligaciones y garantizando tratamientos y apoyos, aun frente a condiciones económicas y administrativas que dificultan la continuidad de su actividad. A ello se suma la espera por respuestas institucionales y, en numerosos casos, por el pago de las prestaciones realizadas.

“Ningún sistema puede sostenerse indefinidamente sobre el esfuerzo de quienes lo integran”, remarcaron desde la entidad.

En ese sentido, destacaron que los prestadores no constituyen un componente accesorio del sistema, sino una parte indispensable para que los derechos reconocidos puedan traducirse en servicios concretos. Sin profesionales, equipos e instituciones en condiciones de trabajar, advirtieron, las prestaciones previstas en las normas no llegan a quienes las necesitan.

El reclamo: financiamiento, previsibilidad y cumplimiento

Frente a esta situación, ASPREDIS reclamó que las decisiones legislativas e institucionales se traduzcan en medidas efectivas que permitan garantizar el financiamiento suficiente, la previsibilidad, el cumplimiento de las obligaciones de pago y las condiciones necesarias para sostener la continuidad de las prestaciones.

Asimismo, la asociación planteó la necesidad de incorporar la experiencia y la voz de las personas con discapacidad, sus familias, las instituciones, los trabajadores y los prestadores en la elaboración de las políticas públicas.

Para la entidad, las decisiones que afectan al sector no pueden adoptarse al margen de quienes enfrentan sus consecuencias y sostienen diariamente el funcionamiento del sistema.

Una jornada clave que exige respuestas concretas

La sesión convocada para este 15 de octubre representa, según ASPREDIS, una nueva oportunidad para asumir responsabilidades y avanzar en respuestas concretas. Sin embargo, la asociación advirtió que el alcance de las decisiones no debe medirse únicamente por lo que ocurra durante la jornada legislativa, sino por sus resultados y su capacidad para modificar una realidad atravesada por la incertidumbre.

“En discapacidad no hay neutralidad en la demora. Cuando las respuestas no llegan, alguien absorbe sus consecuencias”, señalaron desde la entidad, al remarcar que el impacto recae sobre las personas que necesitan apoyos, las familias que intentan sostenerlos y los prestadores que enfrentan dificultades para continuar trabajando en condiciones adecuadas.

Finalmente, desde ASPREDIS reafirmaron que el reclamo del sector no apunta a obtener privilegios, sino a contar con condiciones que permitan sostener el trabajo, garantizar las prestaciones y hacer efectivos los derechos.

“No reclamamos privilegios. Reclamamos condiciones para trabajar, prestaciones que puedan sostenerse y derechos que se cumplan. Los derechos no pueden quedar atrapados en los tiempos de la burocracia”, concluyeron desde la asociación.