La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata dio lugar al planteo de la Defensoría del Pueblo para avanzar contra la reducción del beneficio del Régimen de Zona Fría, que dejó sin el descuento automático del 30% en las facturas de gas a usuarios residenciales del distrito.

La decisión fue adoptada este martes por los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Santiago Martín, quienes revocaron el fallo del Juzgado Federal N° 4 que había rechazado inicialmente la demanda.

En aquella oportunidad, el juzgado había considerado que el organismo, encabezado por Marcelo Lacedonia, no tenía legitimidad para presentar una acción judicial ante el fuero federal.

Sin embargo, la Cámara entendió que la normativa cuestionada, aunque tiene alcance nacional, afecta particularmente a un sector de la población bonaerense, por lo que el conflicto también tiene carácter local.

Además, los magistrados señalaron que el rechazo inicial de una demanda debe aplicarse únicamente en situaciones excepcionales y con especial prudencia para evitar una posible denegación de justicia.

El criterio coincidió con el dictamen de la Fiscalía General, que también había respaldado la capacidad de la Defensoría para representar a los vecinos.

Con este fallo, el expediente volverá al Juzgado Federal N° 4, que deberá resolver el pedido de una medida cautelar y determinar si el reclamo puede avanzar como una acción colectiva.

La presentación judicial apunta contra el Estado nacional, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad y la empresa distribuidora Camuzzi Gas Pampeana.

Entre las medidas solicitadas, la Defensoría pretende que se mantengan las condiciones tarifarias anteriores y que se suspenda la aplicación de los nuevos criterios del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

También pidió impedir la aprobación de nuevos cuadros tarifarios sin la realización previa de una audiencia pública.

En el planteo de fondo, el organismo busca que se declare inconstitucional la ley 27.828, al considerar que establece condiciones desiguales para acceder al beneficio.

Según argumentó, los habitantes de Mar del Plata deben cumplir requisitos patrimoniales para conservar el descuento, mientras que en la Patagonia la bonificación continúa otorgándose automáticamente.

Por otra parte, cuestionó los criterios de exclusión establecidos por la Disposición 2/2026, que pueden dejar sin subsidios a familias por tener un vehículo de menos de tres años de antigüedad o registrar tres inmuebles, incluso cuando sus ingresos sean reducidos.

La resolución de la Cámara no implica todavía la restitución del descuento del 30%, pero permite que el reclamo judicial de la Defensoría continúe y que se analicen las medidas solicitadas.