El dirigente del Partido Socialista de Mar del Plata-Batán, integrado a la Unidad Socialista,Pablo Aceto, cuestionó el modelo de privatizaciones y la relación entre el poder político y los grupos empresarios, a raíz de la explosión de gas ocurrida el pasado 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús.
En diálogo con Cazador de Noticias, Aceto sostuvo que, más allá de los peritajes pendientes, el episodio expone un problema estructural que lleva 34 años: “No podemos reducirlo a una eventual negligencia de una empresa tercerizada. Hay que discutir quién debía controlar, quién debía exigir las inversiones y por qué no se renovaron las instalaciones en tiempo y forma”.
El dirigente socialista recordó que en 1992, con la Ley 24.076 y la privatización de Gas del Estado, se desarticuló una empresa pública integrada, cuya infraestructura se había construido desde 1949, para dividir su distribución en nueve empresas. “Lo que antes era una administración integrada pasó a convertirse en distintos negocios privados”.
Aceto señaló que la prevención exige anticiparse a los riesgos, renovar materiales y controlar las redes, y cuestionó que durante décadas las concesionarias hayan recibido sanciones que posteriormente fueron condonadas sin resolver necesariamente los incumplimientos.
“La corrupción no consiste solamente en el funcionario que se queda con dinero público o sobrefactura una obra. También existe en la vinculación entre las burocracias políticas y las empresas privadas, cuando los controles no se realizan y los intereses empresariales terminan prevaleciendo sobre el interés público”, afirmó.
En ese sentido, mencionó como ejemplo la trayectoria de José Luis Manzano, ex ministro del Interior durante el gobierno de Menem y posteriormente empresario del sector energético: “¿Cómo puede ser que funcionarios que participaron de las privatizaciones después terminen vinculados a la propiedad y los negocios de esos mismos sectores?”.
Finalmente, Aceto sostuvo que lo ocurrido en Remedios de Escalada exige investigar las responsabilidades empresariales y estatales. “Los servicios públicos tienen que estar al servicio de la sociedad, no de la rentabilidad de quienes los administran. Cuando quienes deben controlar terminan subordinados a quienes tienen que controlar, los costos los paga la población. Y en estos casos, ese costo puede ser la propia vida”.










