Hoy, representantes de distintos sectores se hicieron presentes en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para exigir la implementación inmediata de la Ley 27.793 —sancionada y promulgada, pero todavía sin eficacia real—. Tras la suspensión imprevista de una reunión que había sido anunciada para hoy, delegados ingresaron al edificio y mantuvieron un encuentro con el interventor.

Durante ese diálogo, el interventor Alejandro Vilches no garantizó la realización de la reunión del directorio en el corto plazo y dejó entrever que la convocatoria podría concretarse después de las elecciones. Esa postergación fue explicitada en diversas crónicas del día y generó una reacción inmediata entre las organizaciones presentes.

Consideramos que esa respuesta no es una simple programación administrativa: es una amenaza implícita. Sugerir que la resolución de un problema vital —pagos, aumentos de nomenclador, implementación de la ley— depende del momento electoral sugiere condicionar derechos a un calendario político. Esa lectura merece ser denunciada con fuerza: votar no puede ser moneda de cambio para garantizar derechos básicos.

La gravedad es concreta y mensurable: servicios que sostienen día a día la vida de miles (centros de día, escuelas especiales, espacios terapéuticos) están cerrando o funcionando a pérdida; tratamientos esenciales son interrumpidos por falta de pago; profesionales e instituciones se retiran o no pueden sostener la atención. Esa es la realidad que la postergación agrava y que hoy se manifestó en la calle.

No nos engañamos: la no implementación de la Ley 27.793 deja a las personas con discapacidad, a sus familias y a los prestadores en situación de extrema vulnerabilidad. Esto no es una demora técnica: es la sistematización del vaciamiento del sistema de discapacidad —una decisión política de desfinanciar y desechar responsabilidades del Estado, que termina recayendo sobre este sector .

Por eso, desde Prestadores Unidos MdP exigimos con absoluta contundencia:

1. La convocatoria inmediata del Directorio de ANDIS para resolver, sin dilaciones, los puntos pendientes.

2. La puesta en marcha inmediata y efectiva de la Ley 27.793, con ejecución presupuestaria real y verificable.

3. Garantías de pago inmediato a prestaciones adeudadas, actualización del nomenclador y mecanismos de transparencia en la gestión.

Rechazamos cualquier forma de extorsión institucional que condicione derechos a un calendario electoral. Rechazamos el silencio y la dilación como herramientas de gobierno. Rechazamos el vaciamiento por omisión.

La discapacidad no puede esperar. No vamos a tolerar que la vida y el sustento de personas y familias sea rehenes de decisiones políticas.

Seguiremos visibilizando, acompañando y movilizando hasta que el Estado cumpla con su obligación: garantizar derechos, no negociarlos.

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.