El 2025 quedará marcado como un año de lucha intensa para el colectivo de la discapacidad en la Argentina.Un año en el que quedó claro que los derechos no desaparecen ni se conceden: los derechos existen, pero pueden ser vulnerados cuando el Estado decide ajustar, recortar presupuestos y desfinanciar políticas públicas esenciales.

Tras un extenso recorrido democrático —debates parlamentarios, votaciones en ambas cámaras y rechazo de un veto presidencial— el Congreso sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793). La ley no fue un gesto simbólico: fue el reconocimiento institucional de una situación crítica y urgente que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias, las instituciones y quienes sostienen las prestaciones en todo el país.

Sin embargo, la sanción de la ley no significó su cumplimiento. Durante todo el año, la emergencia siguió profundizándose:

• centros y escuelas especiales cerraron o quedaron al borde del cierre;

• prestadores trabajaron con aranceles devaluados y sin compensación por lo adeudado;

• profesionales abandonaron el área ante la imposibilidad de sostener su trabajo;

• familias quedaron sobrecargadas y sin respuestas reales.

Frente a este escenario, la discapacidad se organizó de manera federal.

Las calles se llenaron de marchas, paros y acciones colectivas en todo el país: en el Congreso, en Plaza de Mayo, en las provincias y en cada ciudad.

Desde Prestadores Unidos Mar del Plata dimos una lucha firme y sostenida, visibilizando el impacto concreto del ajuste y denunciando la vulneración sistemática de derechos.

En los últimos meses, el conflicto sumó nuevos episodios que confirman la gravedad de la situación.

La Justicia habilitó la feria judicial para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia, reconociendo el carácter urgente de la crisis.

Al mismo tiempo, el gobierno intentó avanzar en una derogación encubierta de la ley mediante el artículo 75 del Presupuesto, incorporado de forma solapada, sin mencionar siquiera las normas que se pretendían eliminar. Ese intento fue rechazado en la Cámara de Diputados.Pero el mensaje es claro: los derechos siguen siendo puestos en disputa.

A esta situación se suma una noticia reciente que profundiza nuestra preocupación: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ente autárquico creado específicamente para regular y diseñar políticas públicas en materia de discapacidad, será absorbida por el Ministerio de Salud.

Desde nuestro punto de vista, esta decisión implica un grave retroceso, ya que vuelve a ubicar a la discapacidad exclusivamente desde una mirada médica, retomando modelos anteriores basados en el modelo médico hegemónico, que reduce la discapacidad a la enfermedad y desconoce su dimensión social, política y de derechos humanos.

Sostenemos que el problema no es la existencia de los organismos, sino su funcionamiento.

Los entes no deben desaparecer, deben regularse, fortalecerse y transparentarse para garantizar políticas públicas eficaces, participativas y respetuosas del paradigma social de la discapacidad. Desarmar estructuras específicas no mejora la gestión: debilita la protección de derechos.

Porque lo que hoy no se implementa, mañana se convierte en pérdida irreversible.

Si la Ley de Emergencia continúa sin aplicarse, el 2026 será aún más grave: habrá MENOS centros y escuelas abiertas,

MENOS profesionales especializados disponibles para la atención, MENOS personas con discapacidad accediendo a las prestaciones que necesitan, MENOS familias acompañadas, y MÁS exclusión, sobrecarga y vulneración de derechos en una realidad que ya es desesperante.

Hoy la Ley de Emergencia en Discapacidad está vigente. Lo que falta no es una nueva ley ni más diagnósticos.

Lo que falta es decisión política. La Ley de Emergencia en Discapacidad está vigente.

Lo que falta es que el Estado deje de vulnerar derechos a través del ajuste, el desfinanciamiento y la falta de implementación.

No aceptamos más dilaciones, ni maniobras encubiertas, ni discursos vacíos.

La discapacidad no puede seguir esperando decisiones políticas que nunca llegan.

Exigimos la aplicación inmediata y efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Porque detrás de cada derecho vulnerado hay personas, familias y prestadores sosteniendo, como pueden, lo que el Estado hoy no garantiza.

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.