En breve, la Provincia contará con un nuevo cuerpo de investigadores judiciales, que se implementará de forma gradual hasta quedar conformada completamente dentro de cuatro años.

Al respecto, la principal duda pasa por la inversión que se necesitará para la puesta en marcha, habida cuenta de la ajustada situación económica bonaerense y, sobre todo, de que el gasto no fue previsto ni en la propia normativa ni en el presupuesto para 2013.

Por lo tanto, la gestión de Daniel Scioli deberá redireccionar una porción de la partida asignada al Poder Judicial para crear el nuevo cuerpo.

En cuanto al funcionamiento, la ley aclara en, en principio, la Policía Judicial intervendrá a requerimiento de los fiscales en aquellos delitos complejos, ya sea por las características del hecho, sus autores o la investigación. Sin embargo, se agregó que la competencia luego “se ampliará a otros delitos”.

Asimismo, la normativa dispuso que, antes de los seis meses, se deberá designar al director y subdirector generales y a los tres secretarios, quienes deberán implementar un programa de gestión estratégica en el plazo de un año a partir de su nombramiento.

Se supo además que la planta funcional del cuerpo de investigadores estará compuesta por especialistas en criminalística, investigación tecnológica, escena del crimen, levantamiento de rastros, médicos forenses, abogados, químicos forenses, contadores y psicólogos, entre otros profesionales.

Como ya se había adelantado, la prueba piloto se llevará a cabo en el Departamento Judicial de Mar del Plata, al igual que ocurrió con las unidades fiscales de flagrancia (juicios exprés).

Por último, es preciso aclarar que el cuerpo de investigadores judiciales dependerá “orgánica y funcionalmente” de la Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia, actualmente a cargo de María del Carmen Falbo.

Así se aclaró en la Constitución provincial en la reforma de 1994, pero pasaron 18 años en los que nunca se puso en funcionamiento a la Policía judicial.

El gobernador Daniel Scioli cumplió con ese mandato constitucional cuando presentó el proyecto de ley en la Legislatura, el cual fue sometido a un tedioso raid en ochos foros en distintos puntos de la provincia donde propusieron algunos cambios.

Fuente: El Día