En ese marco, se desarrollaron charlas sobre el impacto de los agrotóxicos en la salud y el proyecto oficial de Ley de Semillas y se plasmaron tres experiencias de producciones agroecológicas. Además, se llevó a cabo un diagnóstico acerca de la situación en diferentes localidades y se consensuaron distintas acciones para implementar entre todos.
Del encuentro, participaron organizaciones socio-ambientales y vecinos de la ciudad anfitriona, Miramar, Balcarce, Tandil, Sierra de la Ventana, Coronel Suárez, Guernica, Quilmes, San Isidro, Vicente López, Marcos Paz, Tres Arroyos, Saladillo y Olavarría.
También hubo representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Santa Fe, quienes también se acoplaron a los trabajos en comisiones sobre cuatro ejes relacionados con la problemática.
Algunas conclusiones a las que arribaron durante el plenario los llevaron a resolver lo que sigue:
- Acompañar la lucha que iniciarán los vecinos de Alberti, en reclamo del cumplimiento de la Ordenanza Municipal nº 1690, que, tal como estipula el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, prohíbe las aplicaciones terrestres de agrotóxicos a menos de 1000 metros de centros poblados en ese Partido.
- Exigir la declaración de emergencia sanitaria en la Provincia de Buenos Aires.
- Exigir relevamientos epidemiológicos y eco-toxicológicos y el análisis permanente de frutas y hortalizas.
- Generar una campaña de difusión sobre el origen de los alimentos, exigiendo la identificación de los productos que contienen transgénicos y/o que son producidos con la utilización agrotóxicos.
- Defender el uso, intercambio y reproducción de las semillas criollas y nativas por parte de la comunidad, y rechazar todo tipo de apropiación y privatización a través del patentamiento de este bien común.
- Exigir a las Universidades Nacionales, CONICET y otros organismos de Ciencia y Técnica, el desarrollo de planes de docencia, investigación y extensión vinculados al impacto negativo del agronegocio en las comunidades y acerca de las alternativas productivas al uso de agrotóxicos, como la agroecología.
- Acompañar la campaña nacional “Nunca más una escuela fumigada”.
- Repudiar la inacción y complicidad de los organismos de control estatal, como la OPDS y el SENASA.
- Profundizar las acciones legales tendientes a resguardar los derechos de las comunidades a vivir en un ambiente sano, libre de agrotóxicos.











