El Gobierno Nacional puso en marcha el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa que controla las centrales nucleares. La decisión se oficializó con la resolución 1751, publicada este jueves en el Boletín Oficial y fijó que el pase a privados tendrá un plazo máximo de un año.

De esta manera, se implementara un “programa de propiedad participada” por el 5% del capital accionario de NASA, que quedará en manos de los trabajadores, y la venta del 44% de las acciones en bloque de la empresa mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, mientras que el 51% se lo quedará el Estado.

El Poder Ejecutivo estableció en la Resolución que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, que, a fin de garantizar el proceso de privatización, la Secretaría de Energía deberá contar con la intervención previa de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. Además, tendrá que realizar un inventario de bienes tangibles e intangibles que puedan impactar sobre la valuación de las acciones

Por otra parte, la unidad ejecutora deberá coordinar las medidas necesarias para que la privatización de Nucleoeléctrica Argentina esté finalizada en el lapso de un año a partir de la publicación de la resolución.

Qué es Nucleoeléctrica Argentina S.A

La empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) es la encargada de operar las tres centrales nucleares que tiene el país: Atucha I, Atucha II y Embalse. Entre todas suman una potencia instalada de 1763 MW y aportan el 7% de la energía eléctrica del país. Los accionistas de la compañía son el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina (Enarsa).

En 2024, la empresa que controla las centrales nucleares del país alcanzó un récord de generación con más de 10,4 millones de MWh netos y un factor de carga del 73,3%. De acuerdo a estimaciones preliminares de analistas del sector, podría tener una valuación total de entre US$560 millones y US$1000 millones.

A finales de septiembre, cuando el Gobierno autorizó el proceso, señaló que con este esquema el objetivo es “nivelar las reglas de juego respecto a la actividad de generación proveniente de otras fuentes”. En tanto, destacó que transferir la actividad de la empresa al sector privado resulta una “conveniencia”.

“La intervención estatal a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y rentable para el Estado. Desde el inicio de la gestión, este gobierno ha impulsado una política de reducción del déficit fiscal y del sobredimensionamiento estatal, con el objetivo de mantener el equilibrio de las cuentas públicas”, indicó.

Al anunciar el proceso de privatización, el Gobierno informó que durante 2023 la empresa recibió transferencias de capital no reintegrables por parte del Estado por un valor de $700 millones (aproximadamente 2 millones de dólares a noviembre de ese año).