Una jornada de absoluto caos e indignación se vivió este viernes en Mar del Plata tras una repentina e inédita suspensión del servicio de transporte público. Pasado el mediodía, los colectivos dejaron de circular de manera abrupta y sin previo aviso. Lejos de responder a un reclamo gremial tradicional, el motivo de la parálisis fue la movilización de los choferes hacia la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en Belgrano e Italia, para participar de un acto político en respaldo de Maximiliano Escriba, quien buscará disputar el sindicato a nivel nacional, que actualmente encabeza Roberto Fernández, por el periodo durante el período 2027-2031.

El hecho marca un precedente insólito en la historia del transporte marplatense. No existen registros de un corte total de tareas que no esté motivado por conflictos salariales, protestas laborales o lockouts patronales —como el ocurrido hace apenas un mes—. En esta oportunidad, el servicio se detuvo exclusivamente por razones de militancia partidaria interna.

Alrededor de las 13:30, las últimas unidades partieron desde las cabeceras. Una vez que los choferes completaron sus respectivos recorridos, guardaron los vehículos y se dirigieron en masa hacia las oficinas del sindicato.

Mientras tanto, la postal en las calles fue de desamparo total. Cientos de usuarios varados. Estudiantes en horario de salida o ingreso escolar, trabajadores y vecinos en general se quedaron a pie tanto en el centro como en los barrios periféricos, donde la dependencia del transporte de media distancia es vital.

Las paradas más concurridas de la ciudad evidenciaron largas filas de pasajeros desorientados, una situación que se tornó crítica en zonas de alta circulación como la Avenida Patricio Peralta Ramos, a la altura de la Rambla. Ante la urgencia de llegar a sus destinos, quienes pudieron permitírselo debieron volcarse a alternativas considerablemente más costosas, como taxis, remises y aplicaciones de movilidad.

El trasfondo de la jornada estuvo marcado por el silencio absoluto. Ni el gremio de la UTA ni las empresas concesionarias emitieron comunicados para alertar a la población sobre el cese del servicio.

El Ejecutivo municipal tampoco brindó explicaciones oficiales ni emitió alertas tempranas. Al tratarse de la interrupción injustificada de un servicio público esencial que damnificó a miles de ciudadanos durante más de tres horas, se espera que la comuna aplique severas sanciones y actúe de oficio, aunque hasta el momento no se han reportado resoluciones al respecto.