El Municipio de General Pueyrredon comprometió $3.696 millones para garantizar durante los próximos 24 meses el mantenimiento integral de su sistema de videovigilancia. El contrato fue adjudicado a NEC Argentina, cuya oferta quedó por debajo de los $3.960 millones previstos originalmente como presupuesto oficial.

La cifra, sin embargo, es apenas el comienzo de una contratación que vuelve a poner bajo la lupa la política de seguridad del gobierno municipal. No se trata simplemente de mantener cámaras: el acuerdo entrega a una empresa privada responsabilidades sobre una parte importante de la infraestructura tecnológica que sostiene el sistema de monitoreo de Mar del Plata y Batán.

El alcance del contrato incluye las 1.383 cámaras existentes y aquellas que eventualmente se incorporen, además de los equipos, el software utilizado para capturar, transportar y almacenar imágenes, los servidores y la administración del sistema Milestone.

Pero hay más. NEC también deberá intervenir sobre la red de fibra óptica municipal, que cuenta con unos 300 kilómetros de tendido bajo tecnología GPON y otros 150 kilómetros mediante una arquitectura de anillo. A esto se suman nodos inalámbricos y otros elementos que forman parte de la red metropolitana.

En otras palabras, durante al menos dos años, una empresa privada tendrá bajo su órbita buena parte de la estructura que permite que las imágenes obtenidas por las cámaras lleguen al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Una inversión millonaria con un margen de tolerancia llamativo

Uno de los puntos que genera interrogantes aparece en las propias condiciones establecidas por el Municipio. El pliego exige una disponibilidad mínima del 90% por cámara y contempla hasta 36 horas mensuales sin servicio para cada dispositivo.

También establece un plazo máximo de 48 horas para solucionar los incidentes.

El dato merece atención. En una política de seguridad que suele presentar a las cámaras como una herramienta indispensable para prevenir delitos y colaborar con investigaciones, el contrato admite que cada dispositivo pueda permanecer hasta un día y medio fuera de funcionamiento durante un mismo mes.

Desde el punto de vista técnico, el porcentaje puede responder a parámetros habituales de disponibilidad. Pero desde una perspectiva ciudadana, la pregunta es inevitable: ¿qué ocurre cuando las fallas afectan al mismo tiempo a varias cámaras, sectores completos o componentes críticos de la red?

La respuesta no parece menor cuando se trata de una infraestructura que demanda casi $3.700 millones de fondos públicos.

El desafío de controlar al que controla el sistema

La adjudicación también abre otro debate: el nivel de dependencia que el Estado municipal tendrá respecto de su proveedor privado.

NEC no sólo deberá reparar equipos. Tendrá responsabilidades sobre software, servidores, redes y distintos componentes que resultan esenciales para que el sistema funcione de manera integral.

Por eso, el Municipio deberá garantizar mecanismos de auditoría, control y seguimiento que permitan conocer con precisión qué servicios se prestan, qué fallas se producen, cuánto tiempo permanecen fuera de servicio y si los niveles de disponibilidad prometidos efectivamente se cumplen.

La administración local tendrá además que demostrar que el contrato no termina convirtiéndose en una estructura difícil de fiscalizar desde el propio Estado.

Seguridad: la cuenta no termina en el contrato

El oficialismo podrá exhibir la adjudicación como una inversión destinada a fortalecer la seguridad. Pero el verdadero resultado no estará en el anuncio ni en el monto comprometido, sino en el funcionamiento cotidiano del sistema.

Los vecinos no necesitan solamente cámaras instaladas. Necesitan cámaras funcionando, imágenes disponibles, redes operativas y respuestas rápidas cuando ocurre un delito.

Los $3.696 millones garantizan un contrato. No garantizan, por sí solos, mayor seguridad.

Ahora será responsabilidad del Municipio demostrar que esta millonaria erogación se traduce en resultados concretos y medibles. De lo contrario, el riesgo es que la videovigilancia termine funcionando como otro ejemplo de una política pública en la que el Estado gasta cifras millonarias, terceriza funciones estratégicas y luego debe explicar por qué los resultados no aparecen al mismo ritmo que las facturas.