Carlos Mattos, representante de la Comisión de Discapacidad de la APDH Mar del Plata ante el COMUDIS, cuestionó la escasa participación política y las medidas nacionales que afectan al sector.

En diálogo con el programa “Propuesta Joven”, por FM 90.5, Mattos señaló que de los 24 concejales del municipio, habitualmente solo dos participan de las reuniones del Consejo Municipal de Discapacidad. En ese sentido, identificó a Diego García, presidente de la Comisión de Salud Comunitaria, y a Valeria Crespo, titular de la Comisión de Derechos Humanos y Discapacidad, como los ediles que habitualmente participan.

Mattos consideró que la falta de compromiso legislativo y del Ejecutivo dificulta la implementación de políticas públicas inclusivas.También criticó al Gobierno nacional por trasladar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) al Ministerio de Salud, al entender que representa un retroceso frente al modelo social de la discapacidad.

Al explicar su postura, distinguió tres modelos históricos: el de prescindencia, que implicaba excluir a las personas con discapacidad; el médico o biologicista, que reduce la cuestión a un problema de salud; y el modelo social, que pone el acento en las barreras sociales, físicas y culturales que dificultan la participación plena.

Planteó que la accesibilidad al transporte público, las adaptaciones curriculares en las escuelas y las modificaciones edilicias son cuestiones que exceden ampliamente el ámbito sanitario.

“¿Qué tiene que ver la necesidad de colectivos de piso bajo con el Ministerio de Salud? ¿O la necesidad de adaptaciones curriculares o de modificar los códigos de edificación para que las puertas tengan un ancho de 80 o 90 centímetros?”, preguntó.

En esa línea, aclaró que no se trata de desconocer la relación entre salud y discapacidad, sino de comprender que la temática atraviesa todas las áreas de la sociedad y requiere respuestas integrales. Además, alertó sobre las dificultades para acceder a medicamentos, la situación de los prestadores y la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. “Estamos en el modelo de prescindencia”, sostuvo, al advertir que muchas personas quedan sin respuestas ni recursos para afrontar sus necesidades cotidianas.

Por otra parte, remarcó que los problemas económicos de los prestadores repercuten directamente en la autonomía de quienes necesitan esos servicios.9En ese sentido, advirtió que “la continuidad de las prestaciones resulta fundamental para garantizar la autonomía de numerosas personas que necesitan acompañamiento y asistencia para desenvolverse en su vida diaria. Hay mucha gente con discapacidad que no se puede desempeñar sin las prestaciones”.

Finalmente, cuestionó las prioridades presupuestarias del Gobierno nacional y sostuvo que “las pensiones por discapacidad y las prestaciones no mueven el amperímetro del presupuesto”, afirmó. Como contrapartida, mencionó los recursos destinados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y las pérdidas vinculadas a operaciones financieras relacionadas con el oro, a las que aludió como ejemplos de cuestiones que, a su entender, deberían formar parte de la discusión sobre las prioridades presupuestarias.