El Gobierno nacional aprobó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados estatales, con distintas modalidades de compensación económica según las características laborales y previsionales de cada trabajador. La iniciativa forma parte de la política de reorganización de la estructura estatal y establece condiciones para quienes quieran finalizar su vínculo con la Administración Pública Nacional.

La convocatoria está prevista del 1° al 30 de noviembre de 2026, con la posibilidad de una única prórroga de hasta 30 días corridos. El programa alcanza al personal de planta permanente y a determinados trabajadores contratados por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional centralizada.

Uno de los puntos centrales de la normativa es que los puestos de quienes acepten el retiro serán eliminados una vez concretada la desvinculación. De esta manera, las vacantes no podrán utilizarse para justificar nuevas incorporaciones de personal.

Cómo se calcularán las compensaciones

El régimen contempla diferentes alternativas de pago según la edad, los aportes previsionales y la antigüedad de cada trabajador.

Para las mujeres desde los 58 años y los hombres desde los 63 que todavía no reúnan los requisitos para jubilarse, se prevé la posibilidad de cobrar el 60% de la remuneración bruta habitual durante un máximo de 36 meses o hasta alcanzar las condiciones jubilatorias, lo que ocurra primero. Durante ese período se mantendrán los aportes previsionales y de obra social.

También podrán optar por una gratificación por única vez equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un límite de 18 remuneraciones. El monto estará condicionado, además, al tiempo que falte para alcanzar los requisitos jubilatorios.

Para las mujeres de entre 58 y 64 años y los hombres de entre 63 y 64 que acrediten al menos 30 años de aportes, la compensación será de un sueldo bruto por año de antigüedad, con un máximo de 18 remuneraciones, más un adicional equivalente a cinco sueldos.

En el caso de las mujeres de hasta 57 años y los hombres de hasta 62, se reconocerá un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un tope de 20 remuneraciones. A esa suma se agregarán cuatro sueldos para quienes tengan menos de 15 años de antigüedad en planta permanente y cinco para quienes alcancen o superen ese período.

Las gratificaciones de hasta 20 millones de pesos se pagarán en una sola cuota. Si el monto supera esa cifra, se abonará en cuotas mensuales de hasta 20 millones, con un máximo de tres pagos.

Quiénes podrán acceder y cuáles son las restricciones

El programa excluye a distintos sectores, entre ellos integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, personal de inteligencia y del Servicio Exterior. Tampoco podrán adherirse quienes ya reúnan los requisitos jubilatorios, hayan iniciado el trámite previsional o tengan una renuncia pendiente de aceptación. La normativa contempla otras restricciones vinculadas con sumarios administrativos y determinadas situaciones judiciales.

Quienes se incorporen al régimen no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años, bajo distintas modalidades de contratación. La prohibición contempla una excepción para los cargos docentes en universidades nacionales.

La presentación de una solicitud no garantiza la aprobación del beneficio. Las autoridades de cada jurisdicción podrán rechazarla si consideran que la salida del trabajador afecta el funcionamiento de los servicios públicos. Tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para resolver los pedidos; si no hay una aceptación expresa, la solicitud se considerará rechazada.

La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública será la autoridad de aplicación del régimen y podrá disponer una prórroga del período de inscripción.