El presidente acumula varios pedidos de juicio político impulsados desde distintos sectores, también por particulares y organizaciones. La Constitución Nacional prevé que la Cámara de Diputados puede acusar al Presidente por: mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, o delitos comunes. Si prospera la acusación, el Senado actúa como tribunal político. No es un proceso penal: evalúa responsabilidad política institucional.

Ya en abril de 2024 referentes sociales y organizaciones civiles iniciaron el Expediente 0031-P-2024, encabezado por el exjuez Carlos Rozanski y el abogado Eduardo Barcesat. Entre los firmantes hay figuras públicas como Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora), Alicia Castro (Exembajadora y referente de Soberanxs), Hugo "Cachorro" Godoy (Secretario General de la CTA Autónoma), Claudio Lozano (Director del Instituto de Estudios de ATE), Dora Barrancos (Socióloga e investigadora), Atilio Borón (Politólogo), Liliana Hendel (Periodista y psicóloga), Jorge Elbaum (Sociólogo y periodista), María Eva Koutsovitis (Ingeniera y activista social), Jonatan Baldiviezo (Abogado ambientalista y urbano), Cynthia García (Periodista), entre muchos otros.

Entre los fundamentos planteados figuraban: presunto mal desempeño; cuestionamientos constitucionales a decisiones del Poder Ejecutivo; uso de decretos; efectos de políticas públicas sobre derechos sociales y funcionamiento institucional.

Alicia Castro acompañó públicamente presentaciones y ampliaciones sosteniendo que el problema excede una medida puntual y remite a una discusión sobre soberanía, derechos y funcionamiento institucional. Jorge Elbaum integró los grupos de firmantes y sostuvo una lectura crítica sobre el rumbo político e institucional del gobierno. Eduardo Barcesat argumentó públicamente que existen situaciones que, a su criterio, implican apropiación de facultades ajenas y “violencia institucional”, encuadrables dentro del debate sobre mal desempeño.

Sin embargo, el episodio que más impulso político dio a nuevos pedidos ocurrió tras el escándalo por la criptomoneda LIBRA, luego de publicaciones del Presidente que derivaron en fuertes cuestionamientos políticos y denuncias públicas. Sectores opositores sostuvieron que podía existir:
mal desempeño; posible afectación al deber de imparcialidad presidencial; eventuales responsabilidades institucionales si se probaban irregularidades.

Después aparecieron nuevos expedientes y ampliaciones en 2025 y 2026 que incorporaron argumentos adicionales, entre ellos: decisiones del Ejecutivo; cuestionamientos sobre administración pública; políticas sanitarias; posibles incumplimientos constitucionales; denuncias de eventuales delitos funcionales.

El juicio político no es “un golpe blando”, es un mecanismo previsto justamente para discutir si alguien que llegó legítimamente al poder por el voto popular está usando ese poder dentro de los límites que le marca la CN, la democracia y el mismísimo pueblo.

Mucho más considerando las constantes denuncias de corrupción como en el caso de las coimas en la Agencia de Discapacidad (los audios de Diego Spagnulo), el financiamiento narco del diputado nacional José Luis Espert, y el presunto “enriquecimiento ilícito” del vocero presidencial Manuel Adorni, por nombrar sólo algunos y no ocupar más espacio en esta columna.

La única forma de impedir que se esclarezca la verdad es utilizando el “poder residual” que tienen los funcionarios para obstruir la investigación judicial y garantizarse la impunidad.

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.