En las últimas horas, el presidente de la comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Puertos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Pulti, denunció la manipulación de una audiencia pública convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que tuvo como objetivo tratar aspectos relacionados con la licitación de la Vía Troncal Navegable.

Según lo expuesto por el ex intendente y concejal electo de General Pueyrredon, la instancia de debate fue “ilegítima y utilizada para convalidar un presunto estudio de impacto ambiental que no existe”, y afirmó que le fue impedida su participación, pese a encontrarse conectado en la modalidad virtual del encuentro. En ese sentido, Pulti sostuvo que la audiencia careció de transparencia y legitimidad, al considerar que su desarrollo respondió a la necesidad del Gobierno nacional de avanzar con una licitación sin la debida consulta a las provincias, especialmente a Buenos Aires.

En tanto, remarcó que la administración de los ríos argentinos debe respetar lo que dispone el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece el dominio originario de los recursos naturales en manos de las provincias, y señaló que cualquier decisión sobre la navegación fluvial debería surgir de un consenso federal y no de una imposición unilateral.

“Fui censurado”, afirmó Pulti y sostuvo que las autoridades del encuentro utilizaron de forma arbitraria las prerrogativas del anfitrión virtual para negarle la palabra, lo que impidió su intervención como representante de la Legislatura bonaerense.

En ese marco, agregó que el episodio no solo vulnera su derecho institucional a participar de una instancia pública, sino que refleja una metodología destinada a acallar voces críticas y limitar el debate democrático sobre un tema que, aseguró, “involucra los intereses estratégicos del país”.

Además, consideró que la audiencia pública fue una maniobra para legitimar una licitación “turbia” que busca excluir a la provincia de Buenos Aires de las decisiones sobre la Vía Troncal Navegable, que incluye el sistema fluvial del Paraná y el Río de la Plata.

“La Provincia no fue consultada ni tuvo participación alguna”, advirtió Pulti, que interpretó este hecho como un intento de “aplastar todo vestigio de federalismo” y de “violentar la Constitución Nacional”. A su juicio, el proceso apunta a asegurar intereses económicos concentrados que, bajo el pretexto de eficiencia logística, “restringen la soberanía sobre las aguas y los puertos argentinos”.

Por caso, Pulti manifestó que lo ocurrido durante la audiencia es parte de una tendencia más amplia de debilitamiento del federalismo y vaciamiento institucional, en la que las provincias pierden peso en las decisiones sobre los recursos que administran. “Lo que se busca es impedir el ejercicio pleno de nuestra soberanía, de norte a sur, limitando la navegación en aguas soberanas de todas las costas y puertos del país”, señaló, al remarcar la necesidad de una mirada nacional e integrada sobre las vías navegables, clave para la producción y el comercio exterior.

En ese sentido, el diputado bonaerense subrayó que su denuncia no se limita a un reclamo personal, sino que expone un problema institucional que afecta a otros participantes que tampoco pudieron expresarse durante la audiencia. “Denunciamos la manipulación del encuentro y el impedimento arbitrario de nuestra participación, así como seguramente la de muchos otros y otras”, expresó.

En última instancia, Pulti reivindicó el proyecto del Canal Magdalena como alternativa estratégica frente a las maniobras que, según él, buscan condicionar la soberanía nacional sobre las vías fluviales. “El Canal Magdalena es la contracara de los intereses que se mueven para restringir nuestra soberanía”, afirmó, y lo definió como un objetivo que expresa la defensa del desarrollo nacional a partir de la producción, el trabajo y la justicia social.

Los antecedentes detrás de la licitación de la Vía Troncal Navegable que Pulti busca defender

En febrero pasado, el Gobierno nacional suspendió el proceso de licitación de la Hidrovía, luego de que solo una empresa presentara oferta y denunció “posibles presiones” para limitar la competencia. En aquella oportunidad, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la medida y aseguró que la administración de Javier Milei “será implacable ante cualquier intento de manipular los resultados”.

En ese contexto, el proceso de selección, lanzado en noviembre del 2024, despertó múltiples cuestionamientos desde la apertura misma. De las 11 empresas que habían mostrado interés en el pliego, solo Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME) presentó una oferta. La ausencia de Jan de Nul llamó la atención, ya que la compañía belga había expresado su interés y rechazado acusaciones de que el pliego estaba diseñado a su favor.

De inmediato, el diputado provincial y titular de la comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca, en la Legislatura bonaerense, Gustavo Pulti, se sumó a las observaciones y alertó por las irregularidades detrás del proceso licitatorio. “Las principales empresas del mundo no se presentaron porque es un escándalo, es una licitación totalmente irregular, viciada y armada a medida“, sostuvo el legislador marplatense.

Inclusive, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) también advirtió por graves faltas en el llamado a licitación de la Hidrovía, como la falta de intervención del Ministerio de Economía, la ausencia de dictamen jurídico previo y la integración de una Comisión Evaluadora sin idoneidad.