La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) trazó un “escenario crítico” y señaló que el consumo en jugueterías de barrio, cadenas y supermercados continúa en caída. A lo largo del año se registraron cierres de comercios históricos, un fenómeno que la entidad vincula directamente con la fuerte apertura importadora y la llegada masiva de productos a precios más bajos.

Entre enero y octubre, las importaciones de juguetes alcanzaron los US$91,3 millones y 17,5 millones de kilos, lo que representa un incremento interanual del 59,5% en valor y del 94% en volumen. China concentró el 85,7% del valor y el 94,4% del volumen total. “En un año pasamos de 199 a 530 importadores, de 9 millones a 17,5 millones de kilos, y con el consumo en caída. Una avalancha sin precedentes”, advirtió Matías Furió, presidente de la CAIJ.

Si bien la venta online mostró un crecimiento, sólo representa el 25% del total, insuficiente para compensar la baja en los canales tradicionales.

Natalidad en descenso y cambios de hábitos

La Cámara también analizó otros factores que impactan en la demanda. Entre ellos, el aumento del tiempo que los niños pasan frente a pantallas —que desplaza el interés por el juego físico, creativo y social— y la caída de la tasa de natalidad, que se redujo un 42% desde 2015.

Además, la entidad denunció la proliferación de juguetes ofrecidos en plataformas electrónicas como “compra internacional”, que aseguran contar con certificación pero no cumplen con la normativa argentina. Según alertaron, organismos de la región detectaron productos con metales pesados y sustancias prohibidas. Por ello, reclamaron controles fronterizos más estrictos, regulaciones claras para la venta online y sistemas de trazabilidad efectivos.

Los datos oficiales revelan que este año 530 empresas importaron juguetes, 331 más que en 2024, lo que confirma un ingreso masivo de nuevos operadores.

En síntesis, la CAIJ remarcó que la “combinación de un mercado saturado, controles insuficientes y productos de bajo valor sin trazabilidad” está llevando a la industria a “niveles extremos de capacidad ociosa” y pone en riesgo tanto a la producción nacional como a los importadores formales que cumplen con las normativas vigentes.