En declaraciones a Cazador de Noticias, Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio y Zona Atlántica, arremetió contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, calificando los cambios legislativos como un fracaso rotundo para los trabajadores del país.

"El Gobierno con el Decreto 70/23 intentó modificar toda la legislación laboral diciendo que esto iba a traer prosperidad. La CGT, entendiendo que era inconstitucional, interpuso un recurso judicial que fue exitoso y los jueces declararon inconstitucional ese capítulo", explicó Bianchi, al tiempo que destacó que “a pesar de la victoria judicial, el gobierno continuó con nuevas reformas que solo han profundizado la precarización”.

Asimismo, señaló que entre las modificaciones más controversiales de la Ley Bases se encuentran la implementación de un periodo de prueba de seis meses y la anulación de hasta el 85% de las cargas patronales para fomentar la registración de empleados. Sin embargo, Bianchi fue tajante al afirmar que estas reformas no lograron los resultados prometidos, sino que trajeron “más precarización, menos gente registrada y menos empleo formal”.

“Lo que iba a traer prosperidad, terminó en precarización”, subrayó el líder sindical. Sostuvo, además, que el principal objetivo de la reforma laboral fue el de “profundizar la desigualdad y permitir que los empresarios pudieran seguir extrayendo rentabilidad a costa de los trabajadores. Esta política no solo afecta a los derechos de los empleados, sino que también destruye la industria nacional y favorece la apertura de importaciones”.

Bianchi también expresó su preocupación por las consecuencias a largo plazo de la reforma laboral, sugiriendo que “los efectos se verán en los próximos seis meses, con un incremento de la precarización y una mayor reducción de los empleos formales. Si el modelo económico sigue apostando solo a lo financiero, vamos a tener más empresas cerradas”.

Además, destacó la preocupación por una cláusula en la nueva legislación que permite al gobierno no homologar acuerdos salariales si considera que estos afectan la estructura económica. Según Bianchi, este mecanismo le da al gobierno un poder excesivo para interferir en las negociaciones laborales, incluso cuando los acuerdos se alcanzan entre las partes involucradas.

Para Bianchi, la reforma laboral no es solo un intento fallido de modernizar el mercado laboral, sino una estrategia deliberada para “ponerle la mano en el bolsillo a los trabajadores para quitarle sus ingresos y fortalecer a las grandes empresas”.

Por último, cerró su intervención con una fuerte crítica a lo que considera “un modelo de exclusión y de desprotección para la clase trabajadora en Argentina, un modelo que sigue beneficiando a los sectores más poderosos a costa de los derechos laborales conquistados a lo largo de los años”.